Una sentencia del Tribunal Supremo amplía los supuestos de accidente ‘in itinere’, según UGT

Una sentencia del Tribunal Supremo amplía los supuestos de accidente 'in itinere', según UGT

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la que considera por primera vez entre los supuestos de accidente laboral ‘in itinere’ el que tiene lugar entre la residencia familiar y el domicilio por motivos de trabajo, según ha informado UGT.

La sentencia se refiere al accidente sufrido por un operador de maquinaria de obra de León, que trabajaba para la empresa Desmontes García S.L., en la construcción de un tramo de autovía en Soria. Este empleado pasaba los fines de semana en su domicilio familiar en León, pero residía entre semana en Soria.

El afectado sufrió un accidente de tráfico un domingo entre ambos domicilios que le causó una incapacidad permanente total y reclamó que se considerase un accidente laboral, pero la mutua le denegó la solicitud alegando que la finalidad del viaje no era laboral y que el accidente se había producido un domingo a más de 100 kilómetros del centro de trabajo.

El Instituto Nacional de Salud (INS) consideró el caso como enfermedad común y argumentó que la finalidad del viaje no era el trabajo, sino motivos particulares del trabajador. Sin embargo, el Juzgado de lo Social de León sí le dio la razón al trabajador en el recurso que presentó a través de UGT. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se la volvió a quitar.

Una vez recurrida la sentencia ante el Tribunal Supremo, éste ha dado finalmente la razón al trabajador al entender que el punto de partida y de retorno de un accidente de trabajo ‘in itinere’ puede ser tanto la residencia familiar del trabajador como su domicilio por motivos laborales.

La sentencia dice textualmente que “las nuevas formas de organización del trabajo están imponiendo en el hogar familiar unas exigencia de movilidad territorial que obligan a los trabajadores a ajustes continuos que no siempre pueden traducirse en un cambio de domicilio”.

(elderecho.com)

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Golpe judicial a Hacienda por no devolver dinero a un ciudadano.

Golpe judicial a Hacienda por no devolver dinero a un ciudadano.

La Audiencia Nacional acaba de dictar una nueva sentencia en la que arremete contra las prácticas del Tribunal Económico-Administrativo Central (Teac), esta vez por un caso en el que la Administración se negó a devolver a un contribuyente una suma pagada indebidamente, basándose en que el interesado tardó más de cuatro años en reclamar esa cantidad.

Según la sentencia, dictada el pasado 19 de diciembre de 2013, de la que es ponente el magistrado Navarro Sanchís, el derecho a la devolución de una cantidad autoliquidada a devolver, reconocida en una resolución administrativa firme del propio Teac, no puede prescribir a los cuatro años. En otras palabras, no puede aplicarse el plazo de prescripción que recoge el artículo 66.d) de la Ley General Tributaria (LGT), utilizado por Hacienda para negarse a la devolución. Dicho artículo fija que prescribirá a los cuatro años “el derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías”, entre otros puntos.

En este caso, la recurrente solicitó la devolución de un pago indebido en concepto de Impuesto sobre Sociedades, apoyándose en una resolución estimatoria del Teac. Sin embargo, la Delegación de la Aeat competente no tuvo constancia de ello -por lo que no devolvió el dinero- y, ante la reclamación del interesado -que se produjo transcurridos más de cuatro años desde que se dictó la resolución-, denegó tal pretensión argumentando que se había cumplido el plazo de prescripción.

Ejecución de una “resolución firme”

Según el fallo, es “erróneo considerar que el plazo para promover la devolución de los ingresos indebidos, establecido en el artículo 66.d) de la Ley General Tributaria (…), rige en este concreto asunto, precisamente porque aquí no se trata, en modo alguno, de reclamar ese derecho, abstractamente considerado y dirigido a la Administración, para obtener la devolución de un ingreso indebidamente efectuado”.

Al contrario, se trata de “hacer cumplir, en sus estrictos términos, las resoluciones firmes de los órganos administrativos que ejercen una función revisora”, todo ello teniendo en cuenta que acudir a estos tribunales administrativos supone un trámite obligatorio “antes de que pueda accederse a la tutela judicial a cargo de Tribunales independientes”, y dándose por supuesta “la eficacia de tales resoluciones”. No se trata, por tanto, de calificar la pretensión, “como inmotivadamente hace el Teac, como una devolución de ingresos indebidos, sino de la ejecución de una resolución firme y favorable, que es algo netamente distinto y cualitativamente más intenso en cuanto a la fuerza del derecho que ostenta el favorecido por ese acto firme”.

Descartada la aplicación del artículo 66 de la LGT, la Audiencia se apoya en la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo y, por analogía iuris, fija que, si la ley no prevé plazo especial de prescripción de la acción para reclamar el derecho ganado en sentencia firme -y tampoco establece un plazo particular de la prescripción del derecho a la ejecución de lo ejecutoriamente resuelto ante la Administración-, “es razonable considerar que rige para la prescripción de los derechos inamovibles ganados por resolución firme el plazo general de 15 años establecido para las acciones personales en el artículo 1964 del Código Civil”.

Y es que, según la Audiencia, “hay un interés público en que las resoluciones [del Teac] se lleven a puro y debido término, en un esquema semejante al que rige para las resoluciones judiciales”.

(eleconomista.es)

Se puede cobrar el paro en metálico por razones ideológicas.

Se puede cobrar el paro en metálico por razones ideológicas.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado el derecho de un desempleado de ideología anticapitalista y, por tanto, contrario al uso de servicios financieros, a cobrar el paro en metálico a través de ventanilla y no mediante ingresos en cuenta bancaria. El beneficiario de esta prestación manifestaba ser de “ideología contraria al capitalismo” y, en consecuencia, no es titular de cuenta corriente alguna a través de la cual se pueda gestionar el cobro. El Servicio Público de Empleo Estatal denegó su solicitud de cobro en metálico, basándose en que el artículo 228.2 de la Ley General de la Seguridad Social, desarrollado por el Real Decreto 685/1985, es claro en cuanto a que el pago debe realizarse mediante “el abono en la cuenta de la entidad financiera colaboradora indicada por el solicitante, de la que sea titular, salvo en casos justificados en los que la entidad gestora permita el pago en efectivo”. El trabajador consideró que, al negarle la posibilidad de cobro en metálico, se vulneraban sus derechos a la libertad ideológica y a la objeción de conciencia, además de ser una actuación discriminatoria porque le obligaba a formalizar un contrato de cuenta corriente para recibir el subsidio. Por ello, decidió impugnar la resolución administrativa ante el Juzgado de lo Social, que desestimó su pretensión. Finalmente, el caso termina en el TSJ de Cataluña que, tras un amplio análisis sobre la objeción de conciencia y su configuración legal, llega a la conclusión de que “no puede exigirse al ciudadano que concierte una cuenta corriente con el gasto que ello conlleva (la ley establece expresamente que el pago no conllevará gasto ni para la entidad gestora ni para el perceptor), porque el precepto debe entenderse en el sentido de que ‘deberá abonarse a través de cuenta corriente’ cuando el beneficiario sea titular de una, pero no puede exigírsele que concierte un contrato oneroso, como es un contrato bancario de cuenta corriente que devenga comisiones, en contra de su voluntad”. Objeción de conciencia No es la primera vez que la Justicia se pronuncia sobre casos de este tipo. La objeción de conciencia de los ciudadanos y sus efectos en las relaciones con la Administración es recurrente. Hace unos meses, el TSJ de Valencia se pronunciaba sobre otro caso en el que un ciudadano reclamaba su derecho a la objeción de conciencia para no pagar a Hacienda en la declaración de la Renta la parte proporcional que el Gobierno destina al Ministerio de Defensa. En esta ocasión, se denegó la pretensión del ciudadano al considerar el alto tribunal valenciano que aunque la objeción de conciencia es un derecho constitucional, ello no conlleva poder ejercer la objeción fiscal por motivaciones pacifistas “en tanto que el reconocimiento de dicha posibilidad supondría un grave desconocimiento de otros derechos y valores constitucionales dignos de protección”. Además, el tribunal apuntaba que “la negativa a satisfacer los tributos que atienda a motivaciones pacifistas compromete la salvaguarda del ordenamiento constitucional por las fuerzas armadas (art. 8.1 de la Constitución), el derecho de los españoles a defender a España (art. 30) y el sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1)”.