Las empresas y autónomos afectados por catástrofes este verano podrán retrasar el pago de cotizaciones

gota fría

El diferimiento podrá ser de seis meses naturales y consecutivos y las cuotas retrasadas se abonarán mensualmente desde octubre de 2020

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará en próximos días una resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que se autoriza a todas las empresas con asalariados y a los autónomos de las provincias afectadas por los últimos temporales, incendios y otras catástrofes retrasar seis meses el pago de las cotizaciones.

Concretamente, dicha resolución indica que “se autoriza a las empresas que tengan trabajadores en alta, así como a los trabajadores por cuenta propia, incluidos en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social, que acrediten haber resultado afectados por los temporales y otras situaciones catastróficas (…) a diferir el plazo reglamentario de ingreso de las cuotas de la Seguridad Social”.

Este diferimiento se hará por el plazo de “seis meses naturales consecutivos”. Las primeras cuotas que podrán diferirse del plazo reglamentario de ingreso serán las de septiembre de 2019, excepto los trabajadores del régimen especial de autónomos, en el que serán las cuotas de octubre.

Posteriormente, las cuotas que se difieran “deberán ingresarse mensualmente desde octubre de 2020 hasta marzo de 2021 sin aplicación de recargos o interés alguno”. Las solicitudes se podrán presentar debidamente acreditadas de los daños y la pérdida de actividad provocada hasta el 30 de octubre de 2019.

Las provincias afectadas por incendios en junio fueron Tarragona Lleida, Toledo y la Comunidad de Madrid. Mientras que en agosto el fuego asolo zonas de la Isla de Gran Canaria en agosto.

Distintas inundaciones afectaron en julio y agosto a las comunidades de Navarra, La Rioja, Madrid y Murcia e Islas Baleares; y a las provincias de Zaragoza y Cáceres, Segovia, Valladolid, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Alicante, Castellón, Valencia, Lleida, Sevilla y Málaga, Asimismo se incluye a Ourense por la tormenta de granizo e inundaciones acaecidas el día 8 de julio de 2019.

Y a las provincias de Albacete, Alicante, Valencia, Almería, Málaga y Granada, Murcia, Baleares y la Comunidad de Madrid, por los sucesos causados por la gota fría DANA entre el 12 y el 16 de septiembre pasados.

RGI ya está presente en Terrassa

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Siempre ha sido nuestra intención, en Rubio Gestión Integral, de ser cercanos a nuestros clientes. De hecho nuestro lema “para ti el tiempo, para nosotros la gestión” así lo indica. Es por ello que RGI, a partir de este mes de julio, se encuentra también presente en el Vallés Occidental, en Terrassa.

A partir de ahora nuestros clientes del Vallés podrán visitarnos también en nuestro despacho sito en el edifici Torredemer, Passeig de les Lletres, número 13, 2º- 4ª.

Por tanto RGI estará presente en 3 centros:

Oficina central: Passeig Fabra i Puig, 118, entlo.-2ª de Barcelona

Servicios Jurídicos: Carrer Horta, 12 de Barcelona

Oficina Vallés: Passeig de les Lletres, número 13, 2º-4ª de Terrassa

 

Atentamente,

Equipo RGI

Así actuarán los inspectores si llegan a una empresa donde los trabajadores no fichan al entrar

La documentación se deberá conservar, durante cuatro años, en cada centro de trabajo y no en las gestorías o sedes centrales de las empresas

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El Ministerio de Trabajo publicó la semana pasada en su web una detallada guía destinada a los empresarios para ayudarles a implantar los sistemas de registro de la jornada diaria de sus empleados, que son obligatorios desde el pasado 12 de mayo.

Pero además de esta guía, la dirección de la Inspección de Trabajo ha elaborado también un Criterio técnico sobre la actuación en materia de registro de jornada para los propios inspectores y subinspectores, a cuyo borrador ha accedido este periódico, y que aclara algunas de las pautas que seguirán estos funcionarios a la hora de exigir el control horario.

Los últimos datos oficiales indican que en 2018 había 944 inspectores de Trabajo y 828 subinspectores, pero la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, anunció el año pasado que esta plantilla se reforzaría con 833 nuevas plazas de inspectores y subinspectores en los próximos cinco años.

La primera cuestión que precisa este documento es que los inspectores deben tener claro que “la llevanza del registro de jornada no es una opción para el empresario, sino que se trata de un deber” incluido en la ley.

Los criterios de actuación marcados piden inicialmente a los inspectores y subinspectores que exijan que los registros se ubiquen “físicamente en el centro de trabajo y no en otros lugares como asesorías u oficinas centrales”. Por tanto, no podrán ser las gestorías o empresas auxiliares subcontratadas que realicen la contabilidad o administración de las empresas las que custodien los registros durante los cuatro años que exige la nueva normativa. Estos datos tampoco se podrán conservar en la sede central de la compañía, sino en cada centro de trabajo, sucursal u oficina.

 

(cincodias.com)

 

WhatsApp no es un medio válido para comunicar cambios laborales

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La ‘app’ no reúne los requisitos de formales suficientes para informar de modificaciones en el empleo, según el juzgado

 

El uso generalizado de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en el ámbito del trabajo, no lo convierte en un medio válido para comunicar a los empleados modificaciones sustanciales de las condiciones laborales (horarios, turnos, etc.). Así lo establece una reciente sentencia de un juzgado de Oviedo (accede aquí al texto), que afirma que “por mucha libertad de forma que exista en este ámbito”, esta no es un “vía formal” de comunicación en las relaciones entre empresa y empleado.

El juzgado rechaza la petición de un trabajador de rescindir su contrato, después de que se le comunicara un cambio de turno a través de la app, porque, según sostiene, dicha conversación no supuso modificación sustancial de sus condiciones laborales. 

El empleado, un conductor-repartidor, alegó que su encargado le había preguntado por WhatsApp si iba a venir en otro turno para sustituir a un compañero en vacaciones, lo que consideró un cambio de horario impuesto. Por este motivo invocó su derecho a rescindir su contrato y a ser indemnizado.

Cómodo pero insuficiente

Tras valorar las pruebas presentadas, el juzgado niega que hubiera existido una modificación sustancial de las condiciones laborales del trabajador. En primer lugar, porque WhatsApp no es una vía de comunicación admisible para la modificación contractual.

A pesar de ser un medio ágil y cómodo, como reconoce la resolución, no reúne los requisitos formales mínimos para comunicar una decisión empresarial de tal calado. Y, además, faltan las dos notas caracterizadoras de la modificación contractual: no es sustancial, en tanto que la medida era temporal; y tampoco se había impuesto. Según constaba, el encargado preguntó por WhatsApp, “¿qué vas a hacer? ¿vas a ir de noche o de mañana?” y el empleado ni siquiera contestó.

Entre las razones que ofrece el juzgado para rechazar la existencia de una modificación contractual, se subraya el hecho de que la conversación se inició por el encargado de almacén y no la empresa. Para producir efectos jurídicos, la comunicación debe realizarla el empresario o persona autorizada.

(cincodias.com)

Las empresas pueden deducirse el 100% del IVA de la compra de vehículos para sus comerciales

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  • El Supremo corrige a Hacienda y aclara que el beneficio cubre a los asalariados y no solo a los autónomos
  • Las firmas podrán recuperar lo pagado desde 2014, unos 1.500 euros por vehículo

Tribunal Supremo acaba de enmendar la plana a la administración tributaria aclarando que las empresas pueden deducirse el 100% del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicado a la compra de vehículos para sus agentes comerciales. Hasta ahora, Hacienda venía aceptando solo deducciones sobre el 50% del impuesto alegando que el beneficio fiscal pleno estaba solo dirigido a estos trabajadores cuando fueran autónomos. El Supremo aclara que esta deducción es válida también para los agentes comerciales asalariados y abre la puerta a que miles de empresas recuperen esa otra parte del dinero pagado en los últimos años.

El reciente pronunciamiento del Supremo responde a un pulso abierto entre el grupo valenciano Choví, fabricante de alioli y otras salsas, con la administración tributaria, representada por el Abogado del Estado, en relación al IVA de la compra unos turismos en 2010 por parte de la empresa. La compañía trató de deducirse el 100% del impuesto alegando que se trataba de vehículos profesionales destinados a los desplazamientos de su personal comercial, a lo que la administración se negó, permitiendo solo un 50%, aduciendo que solo los agentes y representantes comerciales autónomos tienen el derecho a que el beneficio fiscal sea total, en virtud de la legislación vigente.

La Ley del IVA, en su artículo 95.3, establece que “las cuotas soportadas por la adquisición, importación arrendamiento o cesión de uso” de “vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50%”, excepto en el caso de “los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales”, así como los dedicados al transporte de mercancías, viajeros, enseñanza de la conducción, realización de pruebas o vigilancia, cuando “se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 100%”. Es decir, que la deducción por IVA podrá ser total en estos casos afectando al 21% del precio del vehículo en lugar del 10,5% habitual.

La administración sostenía, sin embargo, que la referencia a “desplazamientos profesionales” solo puede aplicarse a trabajadores por cuenta propia que sean profesionales de la actividad comercial, no a empleados de la propia empresa, lo que el Supremo rechaza ahora. El articulado de la Ley de IVA, expone el fallo, “no justifica la solución defendida por la administración, pues su texto gramatical no exige que los representantes o agentes comerciales a que se refiere actúen necesariamente como personal autónomo”. El tribunal considera que “el propósito del legislador ha sido aceptar la presunción de una afectación del 100% en los desplazamientos que conllevan las actividades comerciales y de representación” y “con independencia de que las mismas sean realizadas por personal autónomo o por trabajadores por cuenta ajena y, por ello, carece de justificación razonable esa diferenciación que ha sido establecida por la administración”.

A partir de ahí, la jurisprudencia del Supremo (ver despiece) aclara que en caso de que la Agencia Tributaria considere que el tiempo de afectación del vehículo a la actividad es inferior a la que presupone la ley, en este caso el 100%, y que por tanto la deducción debe ser inferior, será la administración quien deba probarlo. “Normalmente, Hacienda no se va a detener a tratar de acreditar que el vehículo se utiliza para la actividad en un porcentaje menor al previsto en la ley, ya que es prácticamente imposible determinar el grado de afectación procedente”, expone José María Salcedo.

El fallo, aduce Salcedo, clarifica las reglas del juego tributario de aquí en adelante y abre la puerta a que las compañías que no disfrutaran de la deducción completa sobre el IVA de la compra de vehículos para agentes comerciales lo hagan ahora. “Para ello, no es necesario solicitar la rectificación de la autoliquidación de IVA presentada en su día, sino incluirlo directamente en la próxima declaración trimestral o mensual del impuesto”, ilustra, advirtiendo que esto solo es posible si han trascurrido menos de cuatro años desde la compra.

Según la Agencia Tributaria, el precio medio de venta de un vehículo ronda hoy los 17.200 euros, con lo que la deducción del 100% del IVA equivale a casi 3.000 euros (y el 50% a uno 1.500).

 

¿En qué casos es solo el 50%?

El caso general. Aunque el artículo 95,3 de la Ley del IVA establece una serie de excepciones en las que la deducción del tributo puede ser del 100% (coches de autoescuela, de pruebas de agentes comerciales, transportistas de mercancías o viajeros y vigilantes), la norma general es que empresarios y autónomos podrán deducirse el 50% del impuesto que pagan por la compra de vehículos con fines profesionales. A partir de ahí, el Tribunal Supremo ha aclarado sobre quién pesa la carga de la prueba a la hora de poder incrementar o rebajar este porcentaje, que puede variar en función del tiempo efectivo que el vehículo se utilice para la actividad profesional o personal. En concreto, según la jurisprudencia del tribunal, será la administración tributaria quien deba demostrar que el uso laboral del coche es residual si quiere rebajar la deducción del IVA por debajo del 50%, lo que en la práctica nunca ocurre. Por contra, si autónomo busca conseguir una deducción mayor deberá probar que más de la mitad del tiempo de conducción está relacionado con su negocio, lo que el Supremo apostilla que debe poder justificar sin que Hacienda le pida complejas comprobaciones.

 

(cincodias.es)

El TJUE exime a las embarazadas de trabajar en horario nocturno si existe riesgo para su salud

  • Las mujeres gestantes o lactantes no pueden ser obligadas a trabajar de noche aunque solo lo hagan por forma parcial
  • El tribunal establece que será la empresa quien deba demostrar que no existe peligro en el desempeño del cargo
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El  Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado este martes la razón a una empleada de una empresa de seguridad española a la que se le negó la suspensión de su contrato y el derecho a una prestación por lactancia por trabajar parcialmente en horario nocturno.

El fallo responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justica de Galicia. El TJUE recuerda que existe una directiva europea que protege a las empleadas embarazadas o lactantes, para no verse obligadas a trabajar en horario nocturno, si éste implica un riesgo para su seguridad o salud y la de sus hijos, y matiza que dicha regulación debe extenderse también a aquellas mujeres que trabajen solo parcialmente en horario de noche.

La justicia europea establece igualmente que Prosegur, la empresa de seguridad demandada, podría haber incurrido en “discriminación directa por razón de sexo”, ya que se negó a realizar “un examen específico que tuviera en cuenta la situación individual” de la empleada. Ante estos casos, el tribunal con sede en Luxemburgo ha dictaminado que debe invertirse la carga de la prueba para que sea el demandado (y no la demandante) el encargado de probar que dicho trabajo no supone un riesgo para la madre o el recién nacido.

La sentencia del TJUE ha seguido punto por punto las conclusiones emitidas a finales de abril por Elena Sharpston, abogada general de la Corte, y corresponderá ahora al Tribunal Superior gallego dictar sentencia en base a la doctrina que ha sentado la justicia europea, quien ya dictó en octubre del año pasado una sentencia similar (asunto C-531/15, Otero Ramos), a la formulada este miércoles.

El caso que ha llegado hasta las instancias comunitarias se remonta a marzo de 2015, cuando la empleada de seguridad, que había dado a luz cuatro meses antes, solicitó a Prosegur una suspensión de su contrato y la concesión de una prestación por lactancia. La mujer trabajaba en el centro comercial As Termas de Lugo en turnos rotatorios de ocho horas, de los cuales parte se realizaban de madrugada.

La demandante había obtenido de una pediatra un certificado médico que acreditaba que su puesto de trabajo nocturno presentaba un riesgo para la alimentación por lactancia natural de su hijo. Un extremo que está previsto en la ley española de riesgos laborales en su artículo 26. A pesar de ello, Umivale, la mutua privada de Prosegur, le denegó la prestación al entender que no existía riesgo, razón por la que la afectada presentó una reclamación que le fue igualmente denegada.

Eso motivó que interpusiera una demanda contra su empleador ante el Juzgado de lo Social número 3 de Lugo, que desestimó la causa. Recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que ante la duda de cómo interpretar las directivas europeas sobre seguridad y salud de las trabajadores embarazadas y la relativa a la de inversión de carga de la prueba en situaciones de discriminación por razón de sexo, decidió plantear una cuestión prejudicial al TJUE.

(cincodias.com)

Los nuevos autónomos de municipios inferiores a 5.000 habitantes pagarán la tarifa plana durante 2 años

Esta norma, que entró en vigor el 1 de agosto, beneficiará a los trabajadores por cuenta propia que se hayan dado de alta después de esta fecha, ya que no es una medida retroactiva, según ha recordado ATA en un comunicado.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 recogían esta modificación de la tarifa plana por la que se amplía la bonificación a dos años para los beneficiarios que inicien una actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, esta ayuda fomentará el relevo generacional y ayudará a paliar la despoblación de las zonas rurales.

En la actualidad, uno de cada cinco autónomos que se da de alta lo hace en el ámbito rural. “Hay muchos sectores que están sufriendo en los últimos años en el ámbito rural como es el comercio y con esta medida esperamos que remonte y se produzcan menos cierres y más relevos”, ha resaltado Amor.

En concreto, se podrán beneficiar de la tarifa plana los trabajadores por cuenta propia que causen alta inicial y que no hubieran estado en situación de alta en los dos últimos años.

Los beneficiaros de esta medida contarán con los mismos incentivos tanto en el primer año como en el siguiente. Así, para beneficiarse de esta medida, los autónomos deberán estar empadronados en un municipio de menos de 5.000 habitantes.

Además, deberán estar dados de alta en el censo de obligados tributarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o de las Haciendas Forales, correspondiendo el lugar de desarrollo de la actividad declarada a un municipio cuyo padrón sea inferior a 5.000 habitantes.

También será obligatorio mantener el alta en la actividad autónoma o por cuenta propia en el municipio en los dos años siguientes al alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y permanecer empadronado en el mismo municipio en los cuatro años siguientes a dicha alta.