ADVERTENCIA SOBRE MULTAS A LAS EMPRESAS QUE NO REGISTREN LA JORNADA A DIARIO

Desde la Inspección de trabajo se ha intensificado el control sobre las horas extra y el registro de jornada laboral en las empresas y las infracciones suponen multas de 60 a 187.515 euros

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A raíz de las sentencias de la Audiencia Nacional producidas en el último año (caso Bankia, Abanca y Banco de Sabadell), las empresas están obligadas a registrar la jornada diaria de sus trabajadores aunque estos no realicen horas extraordinarias. Tal y como dicta el tribunal dicho registro diario es un requisito imprescindible para controlar los excesos de jornada.

En base a esto, la Inspección de Trabajo dictó una Instrucción en la que solicitaba la intensificación sobre el control del cumplimiento de la normativa del tiempo de trabajo. Por ello, los inspectores controlan en sus visitas sobretodo los siguientes aspectos:

  • Si se realizan horas extras
  • Si éstas superan el límite legal
  • Su remuneración y cotización
  • El registro de jornada por parte de la empresa

 

El incumplimiento de alguna de estas cuestiones podría ser sancionado con infracciones desde los 60 a los 187.515 euros, según la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS).

Desde Rubio Gestión Integral, aconsejamos encarecidamente a nuestros clientes que lleven a cabo el control del registro diario. Puede hacerse mediante cualquier modelo de registro, ya sea manual, electrónico o informático, al no estar regulado la Inspección lo permite. Por nuestra parte os facilitamos un modelo de plantilla por si os es de utilidad. clic aquí para descargarla.

Equipo RGi

Dto. Laboral

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El TSJCLM confirma un despido improcedente de un trabajador autónomo

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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha desestimado el recurso interpuesto por una conocida empresa de mensajería y transportes de Ciudad Real, contra el despido improcedente de una trabajador suyo, autónomo, reconocido así por el juzgado de lo Social número 2 de Ciudad Real. El fallo, que divulgó ayer el abogado del trabajador, Pedro Simón, abre la vía a reclamaciones similares de autónomos con un único empleador.

“A pesar de que el trabajador tenía una relación mercantil mediante contrato de arrendamiento de servicios, no se puede entender como una mera formalidad contractual excluyente, obligando a una afiliación como trabajador autónomo, que es lo más lejano a una situación de prestación de trabajo sometida a las órdenes y dirección de quien, realmente, no es sino su empleador y no un mero cliente con en el que se tiene una relación contractual equilibrada”, explica el abogado en un comunicado de prensa.

Simón considera además que esta sentencia “abre la puerta a pequeños trabajadores autónomos que se encuentran sometidos a unas condiciones dependientes de su empleador y que carecen de estructura u organización empresarial propia para reclamar sus derechos”.

(lanzadigital.com)

La letra pequeña de la ley de segunda oportunidad: ¿Quién se beneficia?

El pasado sábado entró en vigor, tras publicarse en el BOE, la llamada ley de segunda oportunidad, una de las promesas que lanzó Mariano Rajoy en el debate del Estado de la Nación y que abre la puerta a que personas con exceso de deuda puedan liberarse de esta carga.

El texto, no obstante, está cuajado de mucha letra pequeña; es necesario cumplir numerosas condiciones para acceder a esta exoneración de deudas, como por ejemplo no haber rechazado un puesto de trabajo en los últimos cuatro años. Además, la liberación de deudas es revocable en los cinco años posteriores a la decisión judicial, si por ejemplo el deudor ve mejorada su posición económica de forma suficiente.

¿Quién puede beneficiarse de la norma? ¿Permite a las personas declararse en concurso de acreedores?

En realidad, las personas físicas ya pueden pedir un concurso de acreedores si consideran que no pueden pagar sus deudas. Pero estos concursos dejan fuera las deudas hipotecarias. Así, si una persona no podía pagar la hipoteca sigue debiendo dinero al banco aunque haya entregado la casa, y esa deuda no puede entrar en un régimen concursal tutelado por el juez que reduzca los pagos o los adapte a sus necesidades vitales. El texto aprobado el sábado supone un potencial alivio para los hipotecados, si bien bajo estrictas condiciones.

¿Quién puede pedir liberarse de las deudas?

Primero hay que estar en concurso de acreedores personal, y después el juez tiene que decretar la conclusión de este concurso “por liquidación o insuficiencia de la masa activa”. Es decir, cuando determine que no hay dinero para pagar. Y la petición de liberarse de las deudas tiene que considerarse “de buena fe”.

¿Qué se considera buena fe? ¿Cuáles son las condiciones?

Es la parte principal del texto. Fija los términos que permiten a un deudor acogerse a este beneficio legal. No solo tiene que cumplirlos en el momento en el que solicita la exoneración de deudas, sino también en los cinco años siguientes. Son estas condiciones:

  1. Que el concurso no se haya declarado culpable. Un concurso culpable es aquel en el que el juez determina que la incapacidad de pagar las deudas responde a una “culpa grave” del deudor o a dolo, es decir, que ha generado la insolvencia aposta.
  2. Que el deudor no haya sido condenado, en los últimos 10 años, por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores. Si hay algún proceso en curso, el juez podrá dejar en suspenso la exoneración.
  3. Que el deudor haya querido llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos.
  4. Que haya pagado en su totalidad los créditos concursales privilegiados (hipotecas) o los llamados créditos “contra la masa” (deudas posteriores al concurso). En su defecto, debe haber intentado un acuerdo extrajudicial para pagar el 25% de los créditos concursales ordinarios. Esta condición (que de hecho saca la deuda hipotecaria de la posibilidad de beneficiarse del texto) eliminada si el deudor acepta otra serie de condiciones:
  5. Someterse a un plan de pagos para los créditos no exonerados en un plazo de cinco años.
  6. Cumple las obligaciones de colaborar con la administración concursal.
  7. En los últimos 10 años no se ha beneficiado de esta ley de segunda oportunidad.
  8. Si no ha rechazado en los últimos cuatro años una oferta de empleo “acorde a su capacidad” y si acepta que la exoneración figure en el registro público.

¿Qué pasa con las hipotecas?

La hipoteca sigue estando fuera del concurso de acreedores personal, pero el real decreto aprobado el sábado sí establece que la parte de la hipoteca que no se cubra con la entrega del inmueble (la ejecución de la garantía) queda exonerada, al igual que otros créditos, si se cumplen las condiciones antes citadas. No sucederá así si esta deuda está incluida en “alguna categoría distinta a crédito ordinario o subordinado”.

¿Qué pasa con el cónyuge del endeudado? ¿O con los avalistas?

Aunque no esté en concurso, si el matrimonio convive en régimen de gananciales, el beneficio se extiende a las deudas del cónyuge fruto del matrimonio. En cuanto a las personas que hayan avalado al deudor, los derechos de los acreedores “quedan a salvo”, según el decreto. Es decir, seguirán manteniendo sus deudas con los bancos aunque se haya entregado el inmueble.

¿Hay deudas que quedan fuera de esta ley? ¿Cuáles son?

Las contraídas con la administración pública (créditos de derecho público). Es decir, los pagos pendientes a Hacienda o a la Seguridad Social (en el caso de los autónomos) no pueden ser borradas. Tampoco deudas por alimentos derivadas de sentencias de divorcio. En cuanto a las hipotecas, aquella deuda hipotecaria que haya sido incluida en “alguna categoría distinta a crédito ordinario o subordinado”. Todos los demás créditos del deudor pueden beneficiarse de la exoneración.

¿Y las deudas que quedan fuera, cuándo se pagan?

El deudor tendrá cinco años para abonar estas deudas, que no generarán intereses en este plazo. Para ello tiene que presentar un plan de pago que deberá ser aprobado por el juez. Las deudas con la administración quedan fuera y se regirán por su propia normativa.

¿Cómo es el proceso?

El deudor tendrá que pedirlo una vez concluido el concurso de acreedores por liquidación o insuficiencia de la masa activa, esto es, cuando el juez ha determinado que no hay dinero para pagar las deudas. Si, una vez pedida la exoneración, no hay oposición por parte del juez o los acreedores, se decreta la exoneración provisional. Si hay oposición, tiene que fundarse en el incumplimiento de las condiciones; el juzgado tramitará esta disputa como incidente concursal.

¿Es revocable? ¿Por cuánto tiempo?

Durante los cinco años posteriores a decretarse la exoneración provisional los acreedores podrán revocar este beneficio. El deudor perderá su segunda oportunidad si:

  1. Alguna de las condiciones para decretar el concurso como “de buena fe” se ha incumplido
  2. Incumplese el plan de pagos para las deudas no exoneradas
  3. Mejorase sustancialmente su situación económica, de manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes “sin detrimento de sus obligaciones de alimentos”
  4. Se demostrase la existencia de bienes, ingresos o derechos ocultos.

Si pasados cinco años no se ha revocado la exoneración de deudas, ésta pasaría a ser definitiva.

¿Hay más cambios legales?

Sí; el texto aprobado fija que cuando una persona física pide concurso de acreedores, el juez podrá decretar de forma inmediata la conclusión del concurso, en el mismo auto en el que lo abre, si aprecia de forma evidente la incapacidad del patrimonio del deudor para hacer frente a los créditos.

(cincodias.com)

Una sentencia del Tribunal Supremo amplía los supuestos de accidente ‘in itinere’, según UGT

Una sentencia del Tribunal Supremo amplía los supuestos de accidente 'in itinere', según UGT

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la que considera por primera vez entre los supuestos de accidente laboral ‘in itinere’ el que tiene lugar entre la residencia familiar y el domicilio por motivos de trabajo, según ha informado UGT.

La sentencia se refiere al accidente sufrido por un operador de maquinaria de obra de León, que trabajaba para la empresa Desmontes García S.L., en la construcción de un tramo de autovía en Soria. Este empleado pasaba los fines de semana en su domicilio familiar en León, pero residía entre semana en Soria.

El afectado sufrió un accidente de tráfico un domingo entre ambos domicilios que le causó una incapacidad permanente total y reclamó que se considerase un accidente laboral, pero la mutua le denegó la solicitud alegando que la finalidad del viaje no era laboral y que el accidente se había producido un domingo a más de 100 kilómetros del centro de trabajo.

El Instituto Nacional de Salud (INS) consideró el caso como enfermedad común y argumentó que la finalidad del viaje no era el trabajo, sino motivos particulares del trabajador. Sin embargo, el Juzgado de lo Social de León sí le dio la razón al trabajador en el recurso que presentó a través de UGT. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se la volvió a quitar.

Una vez recurrida la sentencia ante el Tribunal Supremo, éste ha dado finalmente la razón al trabajador al entender que el punto de partida y de retorno de un accidente de trabajo ‘in itinere’ puede ser tanto la residencia familiar del trabajador como su domicilio por motivos laborales.

La sentencia dice textualmente que “las nuevas formas de organización del trabajo están imponiendo en el hogar familiar unas exigencia de movilidad territorial que obligan a los trabajadores a ajustes continuos que no siempre pueden traducirse en un cambio de domicilio”.

(elderecho.com)

Se puede cobrar el paro en metálico por razones ideológicas.

Se puede cobrar el paro en metálico por razones ideológicas.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado el derecho de un desempleado de ideología anticapitalista y, por tanto, contrario al uso de servicios financieros, a cobrar el paro en metálico a través de ventanilla y no mediante ingresos en cuenta bancaria. El beneficiario de esta prestación manifestaba ser de “ideología contraria al capitalismo” y, en consecuencia, no es titular de cuenta corriente alguna a través de la cual se pueda gestionar el cobro. El Servicio Público de Empleo Estatal denegó su solicitud de cobro en metálico, basándose en que el artículo 228.2 de la Ley General de la Seguridad Social, desarrollado por el Real Decreto 685/1985, es claro en cuanto a que el pago debe realizarse mediante “el abono en la cuenta de la entidad financiera colaboradora indicada por el solicitante, de la que sea titular, salvo en casos justificados en los que la entidad gestora permita el pago en efectivo”. El trabajador consideró que, al negarle la posibilidad de cobro en metálico, se vulneraban sus derechos a la libertad ideológica y a la objeción de conciencia, además de ser una actuación discriminatoria porque le obligaba a formalizar un contrato de cuenta corriente para recibir el subsidio. Por ello, decidió impugnar la resolución administrativa ante el Juzgado de lo Social, que desestimó su pretensión. Finalmente, el caso termina en el TSJ de Cataluña que, tras un amplio análisis sobre la objeción de conciencia y su configuración legal, llega a la conclusión de que “no puede exigirse al ciudadano que concierte una cuenta corriente con el gasto que ello conlleva (la ley establece expresamente que el pago no conllevará gasto ni para la entidad gestora ni para el perceptor), porque el precepto debe entenderse en el sentido de que ‘deberá abonarse a través de cuenta corriente’ cuando el beneficiario sea titular de una, pero no puede exigírsele que concierte un contrato oneroso, como es un contrato bancario de cuenta corriente que devenga comisiones, en contra de su voluntad”. Objeción de conciencia No es la primera vez que la Justicia se pronuncia sobre casos de este tipo. La objeción de conciencia de los ciudadanos y sus efectos en las relaciones con la Administración es recurrente. Hace unos meses, el TSJ de Valencia se pronunciaba sobre otro caso en el que un ciudadano reclamaba su derecho a la objeción de conciencia para no pagar a Hacienda en la declaración de la Renta la parte proporcional que el Gobierno destina al Ministerio de Defensa. En esta ocasión, se denegó la pretensión del ciudadano al considerar el alto tribunal valenciano que aunque la objeción de conciencia es un derecho constitucional, ello no conlleva poder ejercer la objeción fiscal por motivaciones pacifistas “en tanto que el reconocimiento de dicha posibilidad supondría un grave desconocimiento de otros derechos y valores constitucionales dignos de protección”. Además, el tribunal apuntaba que “la negativa a satisfacer los tributos que atienda a motivaciones pacifistas compromete la salvaguarda del ordenamiento constitucional por las fuerzas armadas (art. 8.1 de la Constitución), el derecho de los españoles a defender a España (art. 30) y el sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1)”.