WhatsApp no es un medio válido para comunicar cambios laborales

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La ‘app’ no reúne los requisitos de formales suficientes para informar de modificaciones en el empleo, según el juzgado

 

El uso generalizado de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en el ámbito del trabajo, no lo convierte en un medio válido para comunicar a los empleados modificaciones sustanciales de las condiciones laborales (horarios, turnos, etc.). Así lo establece una reciente sentencia de un juzgado de Oviedo (accede aquí al texto), que afirma que “por mucha libertad de forma que exista en este ámbito”, esta no es un “vía formal” de comunicación en las relaciones entre empresa y empleado.

El juzgado rechaza la petición de un trabajador de rescindir su contrato, después de que se le comunicara un cambio de turno a través de la app, porque, según sostiene, dicha conversación no supuso modificación sustancial de sus condiciones laborales. 

El empleado, un conductor-repartidor, alegó que su encargado le había preguntado por WhatsApp si iba a venir en otro turno para sustituir a un compañero en vacaciones, lo que consideró un cambio de horario impuesto. Por este motivo invocó su derecho a rescindir su contrato y a ser indemnizado.

Cómodo pero insuficiente

Tras valorar las pruebas presentadas, el juzgado niega que hubiera existido una modificación sustancial de las condiciones laborales del trabajador. En primer lugar, porque WhatsApp no es una vía de comunicación admisible para la modificación contractual.

A pesar de ser un medio ágil y cómodo, como reconoce la resolución, no reúne los requisitos formales mínimos para comunicar una decisión empresarial de tal calado. Y, además, faltan las dos notas caracterizadoras de la modificación contractual: no es sustancial, en tanto que la medida era temporal; y tampoco se había impuesto. Según constaba, el encargado preguntó por WhatsApp, “¿qué vas a hacer? ¿vas a ir de noche o de mañana?” y el empleado ni siquiera contestó.

Entre las razones que ofrece el juzgado para rechazar la existencia de una modificación contractual, se subraya el hecho de que la conversación se inició por el encargado de almacén y no la empresa. Para producir efectos jurídicos, la comunicación debe realizarla el empresario o persona autorizada.

(cincodias.com)

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Las empresas pueden deducirse el 100% del IVA de la compra de vehículos para sus comerciales

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  • El Supremo corrige a Hacienda y aclara que el beneficio cubre a los asalariados y no solo a los autónomos
  • Las firmas podrán recuperar lo pagado desde 2014, unos 1.500 euros por vehículo

Tribunal Supremo acaba de enmendar la plana a la administración tributaria aclarando que las empresas pueden deducirse el 100% del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicado a la compra de vehículos para sus agentes comerciales. Hasta ahora, Hacienda venía aceptando solo deducciones sobre el 50% del impuesto alegando que el beneficio fiscal pleno estaba solo dirigido a estos trabajadores cuando fueran autónomos. El Supremo aclara que esta deducción es válida también para los agentes comerciales asalariados y abre la puerta a que miles de empresas recuperen esa otra parte del dinero pagado en los últimos años.

El reciente pronunciamiento del Supremo responde a un pulso abierto entre el grupo valenciano Choví, fabricante de alioli y otras salsas, con la administración tributaria, representada por el Abogado del Estado, en relación al IVA de la compra unos turismos en 2010 por parte de la empresa. La compañía trató de deducirse el 100% del impuesto alegando que se trataba de vehículos profesionales destinados a los desplazamientos de su personal comercial, a lo que la administración se negó, permitiendo solo un 50%, aduciendo que solo los agentes y representantes comerciales autónomos tienen el derecho a que el beneficio fiscal sea total, en virtud de la legislación vigente.

La Ley del IVA, en su artículo 95.3, establece que “las cuotas soportadas por la adquisición, importación arrendamiento o cesión de uso” de “vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50%”, excepto en el caso de “los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales”, así como los dedicados al transporte de mercancías, viajeros, enseñanza de la conducción, realización de pruebas o vigilancia, cuando “se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 100%”. Es decir, que la deducción por IVA podrá ser total en estos casos afectando al 21% del precio del vehículo en lugar del 10,5% habitual.

La administración sostenía, sin embargo, que la referencia a “desplazamientos profesionales” solo puede aplicarse a trabajadores por cuenta propia que sean profesionales de la actividad comercial, no a empleados de la propia empresa, lo que el Supremo rechaza ahora. El articulado de la Ley de IVA, expone el fallo, “no justifica la solución defendida por la administración, pues su texto gramatical no exige que los representantes o agentes comerciales a que se refiere actúen necesariamente como personal autónomo”. El tribunal considera que “el propósito del legislador ha sido aceptar la presunción de una afectación del 100% en los desplazamientos que conllevan las actividades comerciales y de representación” y “con independencia de que las mismas sean realizadas por personal autónomo o por trabajadores por cuenta ajena y, por ello, carece de justificación razonable esa diferenciación que ha sido establecida por la administración”.

A partir de ahí, la jurisprudencia del Supremo (ver despiece) aclara que en caso de que la Agencia Tributaria considere que el tiempo de afectación del vehículo a la actividad es inferior a la que presupone la ley, en este caso el 100%, y que por tanto la deducción debe ser inferior, será la administración quien deba probarlo. “Normalmente, Hacienda no se va a detener a tratar de acreditar que el vehículo se utiliza para la actividad en un porcentaje menor al previsto en la ley, ya que es prácticamente imposible determinar el grado de afectación procedente”, expone José María Salcedo.

El fallo, aduce Salcedo, clarifica las reglas del juego tributario de aquí en adelante y abre la puerta a que las compañías que no disfrutaran de la deducción completa sobre el IVA de la compra de vehículos para agentes comerciales lo hagan ahora. “Para ello, no es necesario solicitar la rectificación de la autoliquidación de IVA presentada en su día, sino incluirlo directamente en la próxima declaración trimestral o mensual del impuesto”, ilustra, advirtiendo que esto solo es posible si han trascurrido menos de cuatro años desde la compra.

Según la Agencia Tributaria, el precio medio de venta de un vehículo ronda hoy los 17.200 euros, con lo que la deducción del 100% del IVA equivale a casi 3.000 euros (y el 50% a uno 1.500).

 

¿En qué casos es solo el 50%?

El caso general. Aunque el artículo 95,3 de la Ley del IVA establece una serie de excepciones en las que la deducción del tributo puede ser del 100% (coches de autoescuela, de pruebas de agentes comerciales, transportistas de mercancías o viajeros y vigilantes), la norma general es que empresarios y autónomos podrán deducirse el 50% del impuesto que pagan por la compra de vehículos con fines profesionales. A partir de ahí, el Tribunal Supremo ha aclarado sobre quién pesa la carga de la prueba a la hora de poder incrementar o rebajar este porcentaje, que puede variar en función del tiempo efectivo que el vehículo se utilice para la actividad profesional o personal. En concreto, según la jurisprudencia del tribunal, será la administración tributaria quien deba demostrar que el uso laboral del coche es residual si quiere rebajar la deducción del IVA por debajo del 50%, lo que en la práctica nunca ocurre. Por contra, si autónomo busca conseguir una deducción mayor deberá probar que más de la mitad del tiempo de conducción está relacionado con su negocio, lo que el Supremo apostilla que debe poder justificar sin que Hacienda le pida complejas comprobaciones.

 

(cincodias.es)

El TJUE exime a las embarazadas de trabajar en horario nocturno si existe riesgo para su salud

  • Las mujeres gestantes o lactantes no pueden ser obligadas a trabajar de noche aunque solo lo hagan por forma parcial
  • El tribunal establece que será la empresa quien deba demostrar que no existe peligro en el desempeño del cargo
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El  Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado este martes la razón a una empleada de una empresa de seguridad española a la que se le negó la suspensión de su contrato y el derecho a una prestación por lactancia por trabajar parcialmente en horario nocturno.

El fallo responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justica de Galicia. El TJUE recuerda que existe una directiva europea que protege a las empleadas embarazadas o lactantes, para no verse obligadas a trabajar en horario nocturno, si éste implica un riesgo para su seguridad o salud y la de sus hijos, y matiza que dicha regulación debe extenderse también a aquellas mujeres que trabajen solo parcialmente en horario de noche.

La justicia europea establece igualmente que Prosegur, la empresa de seguridad demandada, podría haber incurrido en “discriminación directa por razón de sexo”, ya que se negó a realizar “un examen específico que tuviera en cuenta la situación individual” de la empleada. Ante estos casos, el tribunal con sede en Luxemburgo ha dictaminado que debe invertirse la carga de la prueba para que sea el demandado (y no la demandante) el encargado de probar que dicho trabajo no supone un riesgo para la madre o el recién nacido.

La sentencia del TJUE ha seguido punto por punto las conclusiones emitidas a finales de abril por Elena Sharpston, abogada general de la Corte, y corresponderá ahora al Tribunal Superior gallego dictar sentencia en base a la doctrina que ha sentado la justicia europea, quien ya dictó en octubre del año pasado una sentencia similar (asunto C-531/15, Otero Ramos), a la formulada este miércoles.

El caso que ha llegado hasta las instancias comunitarias se remonta a marzo de 2015, cuando la empleada de seguridad, que había dado a luz cuatro meses antes, solicitó a Prosegur una suspensión de su contrato y la concesión de una prestación por lactancia. La mujer trabajaba en el centro comercial As Termas de Lugo en turnos rotatorios de ocho horas, de los cuales parte se realizaban de madrugada.

La demandante había obtenido de una pediatra un certificado médico que acreditaba que su puesto de trabajo nocturno presentaba un riesgo para la alimentación por lactancia natural de su hijo. Un extremo que está previsto en la ley española de riesgos laborales en su artículo 26. A pesar de ello, Umivale, la mutua privada de Prosegur, le denegó la prestación al entender que no existía riesgo, razón por la que la afectada presentó una reclamación que le fue igualmente denegada.

Eso motivó que interpusiera una demanda contra su empleador ante el Juzgado de lo Social número 3 de Lugo, que desestimó la causa. Recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que ante la duda de cómo interpretar las directivas europeas sobre seguridad y salud de las trabajadores embarazadas y la relativa a la de inversión de carga de la prueba en situaciones de discriminación por razón de sexo, decidió plantear una cuestión prejudicial al TJUE.

(cincodias.com)

La Seguridad Social confirma el uso de Big Data para detectar autónomos ficticios

La Tesorería General de la Seguridad Social ya aplica el Big Data en sus procesos de gestión. En concreto, el uso de esta avanzada tecnología le está sirviendo para detectar y luchar contra el fraude e identificar a los autónomos ficticios.

BIGDATA

A través de este sistema, la Seguridad Social monitoriza los datos de 1,5 millones de empresas y 18,6 millones de trabajadores en activo. Mensualmente se procesan más de 7.000 millones de registros, suponiendo un movimiento de información de 3.000 Gb.

El Plan integral de lucha contra el fraude que ha implantado la Tesorería General de la Seguridad Social le está permitiendo aprovechar el valor de los datos acumulados para establecer controles en materia de afiliación, cotización y recaudación del Sistema.

Alertas que detectan el fraude

Para llevar a cabo el plan, la Seguridad Social está utilizando indicadores y alertas de riesgos facilitan la detección, corrección o prevención de estos casos con una rapidez y eficacia mucho más avanzada y que, además, les ofrecen una valiosa información para atacar el fraude de una manera conjunta.

Uno de los principales sistemas empleados consiste en detectar empresas ficticias. Se trata de localizar compañías sin actividad real, empleados ficticios en empresas con actividad y autónomos ficticios. En esta actuación se han analizado 12.170 millones de empresas hasta diciembre de 2017 y se han identificado a 104.347 trabajadores afectados.

Por otro lado, se han implantado indicadores para detectar conductas delictivas, provocando la actuación sobre 2.432 empresas las cuales han desembocado en actuaciones judiciales por presunto delito a la Seguridad Social en 613 de ellas, (un 30% de índice de acción judicial), con un total de importes regularizados que asciende a 36.499.781 euros.

Casos con riesgo

Aparte de eso se ha aplicado un modelo predictivo con 300 variables. Éste ha sido capaz de detectar los casos con elevada posibilidad de incumplimiento. Asimismo, ha identificado casos con riesgo de entrar en un procedimiento concursal en los próximos 6 meses, mejorando en un 200% la identificación a priori de estas situaciones.

(CINCODIAS.COM)

La empresa ya puede vigilar por convenio el correo de sus oficinistas en Barcelona

El nuevo pacto laboral regula el control de la navegación web o los mensajes de la plantilla

Deloitte aconseja garantizar el respeto a la intimidad para evitar que un despido justificado sea declarado nulo

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Los empresarios podrán vigilar los correos, mensajes y la navegación web de los 250.000 oficinistas y empleados de despachos de Barcelona. Así lo fija el nuevo convenio sectorial que se acaba de firmar para 2017 y 2018. El sector fija así las normas de monitorización de la actividad de sus trabajadores para poder hacerlo sin incurrir en vulneraciones de sus derechos como las que han denunciado recientemente los tribunales. Esta clarificación de las reglas del juego es una de las “mejores prácticas” recomendadas por Deloitte esta semana, en unas jornadas centradas en cómo realizar investigaciones internas en las empresas, para garantizar que infracciones detectadas por esta vía puedan fundamentar un despido.

“Las empresas podrán utilizar software de control automatizado para controlar el material creado, almacenado, enviado o recibido en la red de la empresa, así como controlar lugares visitados por sus trabajadores usuarios de internet, espacios de charla o grupos de noticias, revisar historiales descargados de la red de internet para usuarios de la empresa, revisar historiales de mensajes, de correo electrónico enviados y recibidos por los trabajadores usuarios”, detalla el nuevo convenio laboral de oficinas y despachos de Barcelona, que acaba de firmarse.

El nuevo marco laboral habilita al empresario a “adoptar las medidas de verificación de los sistemas informáticos que crea necesarias a fin de comprobar su correcta aplicación, poder certificar el óptimo rendimiento y seguridad de la red de la empresa y que su utilización por los trabajadores usuarios no derive en fines extraprofesionales”.

El convenio también establece que “utilizar de forma continuada y extraprofesional los medios telemáticos puestos a disposición del trabajador para parte de la empresa” supondrá una falta muy grave, comparable a robar en la empresa, revelar secretos de la compañía, acudir ebrio al puesto de trabajo o cometer acoso sexual. La falta será considerada de máxima gravedad ante un único correo electrónico, o acceso a una web, con contenido racista, sexista, violento, pornográfico o que pueda dañar la imagen de la empresa. Así, un solo correo de estas características, o la constatación del continuo uso personal de los equipos de la firma, puede acarrear 60 días de suspensión de trabajo y sueldo e incluso el despido.

A partir de aquí, la socia de Deloitte Legal Begoña Fernández aconseja ofrecer una serie de garantías sobre el derecho de intimidad de los trabajadores para evitar que la rescisión del contrato de un trabajador por algunas de estas causas justificadas acabe anulada por los tribunales. El ejemplo más reciente es el de un empleado rumano cuyo despido, motivado por el probado uso de una aplicación de mensajería para conversaciones personales, fue anulado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que estimó que la empresa no le previno adecuadamente de la vigilancia a la que se le sometía y consideró extrema la medida de leer sus mensajes.

Así, advierte Fernando Bazán, socio de Deloitte Legal experto en el ámbito laboral, resulta clave informar anticipadamente al empleado de que está siendo vigilado para evitar una “expectativa de intimidad” que no tiene, poder demostrar que ha sido advertido, y garantizar que las medidas de vigilancia adoptadas son proporcionales en cada caso.

Así, ilustran desde la consultora, si el control informático rutinario revela indicios de irregularidades en el uso del correo por parte de un empleado, antes de que una persona lea sus correspondencia para comprobar si se ha cometido una infracción, la empresa debe valorar si el afectado puede estar presente, o llamar al menos a un representante del comité de empresa, contar a ser posible con un notario que de cuenta del procedimiento o, ante la sospecha de un delito, limitarse a hacer una copia de seguridad de los datos y remitirla a un juez sin llegar a consultarlos.

El convenio de despachos y oficinas de Barcelona, citado como novedoso ejemplo, que marcará tendencia, por la asociada principal de Deloitte Legal Covadonga Roldán, recoge explícitamente que “la privacidad y dignidad del usuario estará siempre garantizada”. De este modo, “el correo electrónico y los archivos serán inspeccionados en el lugar de trabajo, durante el horario normal y con asistencia de los representantes legales de los trabajadores o, en su defecto, por otro empleado de la empresa”, si no fuera posible hacerlo con el propio afectado delante. Y este podrá ser sancionado si pone trabas.

El objetivo es no incurrir en lo que en el argot legal se ha dado en llamar la teoría del “fruto del árbol envenenado”, cuentan en Deloitte. Esta se da cuando la prueba de la infracción cometida por el trabajador se logra gracias a que la empresa incurre a su vez en otra irregularidad, como vulnerar el derecho a la intimidad del empleado, lo que invalida la prueba. Pero, con las debidas garantías, sus correos pueden ser esgrimidos para despedirle.

Protocolo y jurisprudencia

Investigación interna: una de las recomendaciones clave de Deloitte es que las empresas se doten de un protocolo de investigación interna que fije las pautas, y garantías, a seguir en caso que haya indicios de irregularidades. Silvia Zamorano, asociada senior de Deloitte Legal, invita a seguir estos pasos: designar un instructor adecuado, independiente y experto en la materia, para liderar el proceso; investigar los indicios de infracción y adoptar las medidas cautelares oportunas (como apartar a un empleado de su puesto); recopilar la información y testimonios relevantes; dar audiencia al investigado y presentar un informe de conclusiones al órgano competente. El procedimiento suele requerir de expertos en análisis forense (forensic, en el argot) que tienen herramientas informáticas para analizar, cribar y guardar correos y bases de datos sin necesidad de que nadie los lea, detalla Iván Ruíz, director del área en Deloitte.

Sentencia clave: la jurisprudencia quedó marcada en septiembre por el Tribunal de Estrasburgo que declaró vulnerado el derecho de intimidad de Bogdan Barbulescu, despedido en 2007 tras mostrarle su empresa 45 páginas de conversaciones privadas de la aplicación de mensajería profesional. El Tribunal ve extremo leer sus mensajes y exige preavisar al empleado del control.

 

(cincodias.com)

 

ADVERTENCIA SOBRE MULTAS A LAS EMPRESAS QUE NO REGISTREN LA JORNADA A DIARIO

Desde la Inspección de trabajo se ha intensificado el control sobre las horas extra y el registro de jornada laboral en las empresas y las infracciones suponen multas de 60 a 187.515 euros

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A raíz de las sentencias de la Audiencia Nacional producidas en el último año (caso Bankia, Abanca y Banco de Sabadell), las empresas están obligadas a registrar la jornada diaria de sus trabajadores aunque estos no realicen horas extraordinarias. Tal y como dicta el tribunal dicho registro diario es un requisito imprescindible para controlar los excesos de jornada.

En base a esto, la Inspección de Trabajo dictó una Instrucción en la que solicitaba la intensificación sobre el control del cumplimiento de la normativa del tiempo de trabajo. Por ello, los inspectores controlan en sus visitas sobretodo los siguientes aspectos:

  • Si se realizan horas extras
  • Si éstas superan el límite legal
  • Su remuneración y cotización
  • El registro de jornada por parte de la empresa

 

El incumplimiento de alguna de estas cuestiones podría ser sancionado con infracciones desde los 60 a los 187.515 euros, según la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS).

Desde Rubio Gestión Integral, aconsejamos encarecidamente a nuestros clientes que lleven a cabo el control del registro diario. Puede hacerse mediante cualquier modelo de registro, ya sea manual, electrónico o informático, al no estar regulado la Inspección lo permite. Por nuestra parte os facilitamos un modelo de plantilla por si os es de utilidad. clic aquí para descargarla.

Equipo RGi

Dto. Laboral

El TSJCLM confirma un despido improcedente de un trabajador autónomo

esclavo

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha desestimado el recurso interpuesto por una conocida empresa de mensajería y transportes de Ciudad Real, contra el despido improcedente de una trabajador suyo, autónomo, reconocido así por el juzgado de lo Social número 2 de Ciudad Real. El fallo, que divulgó ayer el abogado del trabajador, Pedro Simón, abre la vía a reclamaciones similares de autónomos con un único empleador.

“A pesar de que el trabajador tenía una relación mercantil mediante contrato de arrendamiento de servicios, no se puede entender como una mera formalidad contractual excluyente, obligando a una afiliación como trabajador autónomo, que es lo más lejano a una situación de prestación de trabajo sometida a las órdenes y dirección de quien, realmente, no es sino su empleador y no un mero cliente con en el que se tiene una relación contractual equilibrada”, explica el abogado en un comunicado de prensa.

Simón considera además que esta sentencia “abre la puerta a pequeños trabajadores autónomos que se encuentran sometidos a unas condiciones dependientes de su empleador y que carecen de estructura u organización empresarial propia para reclamar sus derechos”.

(lanzadigital.com)