Cientos de pequeños negocios se ven afectados por un cambio fiscal

  • Las sociedades civiles con objeto mercantil pasarán a tributar por el impuesto de sociedades a partir del 1 de enero

mujer e hija

Año nuevo, lío nuevo para cientos de pequeños negocios, desde peluquerías a cafés, bares o electricistas y fontaneros, constituidos como sociedades civiles. A partir del próximo 1 de enero, este tipo de figuras societarias con objeto mercantil deberán tributar por el impuesto de sociedades, tal como prevé la reforma del tributo aprobada en el 2014.

La cuestión es que este cambio ha removido los cimientos de una figura societaria muy extendida en los pequeños negocios y que se utilizaba para evitar los mayores gastos y papeleos de sociedades mercantiles, como la sociedad limitada (SL). “No se ha hecho antes un diagnóstico del mundo de los autónomos y pequeños negocios”, explica Josep Maria Noguera, asesor del despacho JM Noguera.

Los socios de este tipo de sociedades reguladas a partir del artículo 1.665 del Código Civil en vez de a la ley de sociedades de capital tributan hasta ahora por atribución de rentas. En resumen, cada partícipe paga el IRPF en función de la proporción de los beneficios que le corresponde. Con el cambio normativo, la sociedad como tal pasará a tributar por el beneficio y los socios pagarán el IRPF por la nómina que se asignen.

La ley establece un periodo de seis meses, hasta el 30 de junio del 2016, para que los negocios afectados disuelvan la sociedad civil, si lo creen oportuno, y opten por otras figuras, que abarcan desde la persona física (IRPF) hasta la SL y otras. “No hay una solución genérica. Depende del sector, la dimensión o el número de socios”, asegura Noguera.

Ante el desconcierto que ha provocado esta norma, la Agencia Tributaria ha publicado una instrucción en la que hace aclaraciones, aunque quedan muchos interrogantes, según los asesores fiscales. Por ejemplo está la problemática de los comercios que, en el caso de que pasar a tributar por sociedades, deberán abandonar el régimen de recargo de equivalencia en el IVA y hacerlo por el sistema más complejo del resto de sociedades. También, si este tipo de sociedad es arrendataria de un inmueble, el propietario le puede modificar la renta o las condiciones del alquiler.

Colectivos como el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) alertaron a Hacienda del desconcierto provocado por la normativa, que ha ocupado una buena parte de las reuniones de profesionales desde el verano pasado.

Ni comunidades de bienes ni firmas profesionales o agrícolas

Desde el fisco también se ha aclarado que las comunidades de bienes (propiedad pro indiviso de una cosa o derecho entre varias personas) tenga o no carácter mercantil seguirá tributando como hasta ahora, por atribución de rentas a los comuneros.

También quedan al margen de los cambios las actividades profesionales sujetas a la ley 2/2007, ganaderas, agrícolas, forestales y mineras.

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Unos 290.000 autónomos de industria y construcción tendrán que renunciar al sistema de módulos en 2016

Postgrado-Direccion-Obras-Reformas-Construccion-Inmuebles-OnlineCerca de 200.000 autónomos de la construcción y otros 90.000 del sector de la industria tendrán que renunciar al sistema de módulos el próximo 1 de enero de 2016 y pasar al sistema de estimación directa, según cálculos de la organización de autónomos UPTA.

La última reforma fiscal establece que los autónomos que estén acogidos a módulos en sectores como la industria textil, alimentaria (excepto la industria del pan o la bollería) y la industria mecánica, así como los de la construcción e instaladores, tendrán que pasar a estimación directa a partir de 2016 y cambiar su sistema de liquidación del IVA a la fórmula general.

En el caso del comercio, la hostelería y el transporte, la norma determina que sólo saldrán de módulos los que facturen más de 250.000 euros o 125.000 en facturas a empresas. Estas cifras se modificaron en el último tramo de la tramitación de la Ley de Presupuestos para 2016, lo que, según UPTA, ha permitido dar cobertura a la mayoría de los autónomos de estos sectores de actividad.

Orden Ministerial

El Ministerio de Hacienda ha dictado una Orden Ministerial por el que desarrolla para 2016 el régimen de estimación objetiva o por módulos de los autónomos. En dicha Orden se mantiene la reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos derivada de los acuerdos alcanzados en la Mesa del Trabajo Autónomo desde el año 2010.

(Europa Press)

Hacienda permitirá aplazar hasta 30.000 euros en impuestos sin aval

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Hacienda elevará de 18.000 a 30.000 euros el límite para solicitar aplazamientos o fraccionamientos del pago de impuestos sin necesidad de presentar avales o garantías. Este cambio normativo, que se aprobará en breve a través de una orden ministerial, beneficiará a los contribuyentes con problemas de liquidez. La medida agilizará la concesión de prórrogas fiscales, una opción muy utilizada por las empresas desde el inicio de la crisis. En 2013, se registraron por primera y única vez en la historia más de dos millones de solicitudes y, en 2012, el importe que se pidió aplazar rebasó los 17.000 millones, un hecho inédito.

Fuentes de la Administración indican que la Agencia Tributaria recibe en los últimos años más de 25.000 solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deuda que se encuentran entre 18.000 euros y 30.000 euros. A partir de ahora, este tipo de peticiones ya no exigirán garantías, lo que implica una tramitación mucho más ágil y un ahorro en los costes ligados a las solicitudes de un aval. El incremento del límite significa que prácticamente todas las peticiones de aplazamiento ya no requerirán de aval. Hay que tener en cuenta que el 96,8% de las solicitudes registradas en 2014 correspondieron a importes inferiores a 18.000 euros. La medida se adopta en vísperas de un año en el que el coste de pedir un aplazamiento se situará en su nivel más bajo desde 1973. Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 contemplan que el interés de demora –que se aplica en el caso de las concesiones de aplazamientos sin aval– pase del 4,475% al 3,75%.

A pesar de esta ampliación del límite a los 30.000 euros y de la rebaja del tipo de interés, cabe esperar que el número de solicitudes para postergar deuda tributaria se reduzca en la medida en que se asiente la recuperación económica. En 2014, se registraron 1.703.523 solicitudes para postergar el pago de impuestos, un 17,6% menos que el año anterior. Fue la primera caída desde 2006. Un descenso al que contribuyó la decisión de la Agencia Tributaria de rechazar con carácter general las solicitudes de aplazamiento de las retenciones del IRPF.

Supuso un cambio drástico respecto al criterio seguido desde 2009, cuando el anterior Gobierno permitió que las empresas pospusieran el ingreso de las retenciones. El departamento de Cristóbal Montoro puso fin a esta práctica en diciembre de 2013 y recordó que las retenciones son un adelanto del IRPF que pagan los trabajadores, aunque la gestión del ingreso corresponde a las empresas.

Las claves de la moratoria fiscal

¿Quién puede pedirlo? Cualquier contribuyente, ya sea una empresa o un particular, puede dirigirse a las autoridades tributarias y pedir un mayor plazo para abonar un impuesto o fraccionar el pago. Si se trata de un tributo de competencia estatal como el IVA o el impuesto sobre sociedades, la concesión dependerá de la Agencia Tributaria y, para impuestos regionales como el de Sucesiones, la decisión recaerá en la Administración autonómica. La Seguridad Social es el órgano competente para denegar o conceder los aplazamientos de cotizaciones.

¿Cuándo se solicita? En cualquier momento, incluso después de la fecha límite para realizar el pago del impuesto. No habrá posibilidad de moratoria en el momento en el que Hacienda ya haya notificado un posible embargo.

¿Qué documentos se exigen? Cuando un contribuyente solicita un aplazamiento puede entregar cualquier documento para demostrar que tendrá capacidad en el futuro para asumir la deuda. En el caso de los avales, en 2009, el anterior Gobierno elevó de 6.000 a 18.000 euros el límite para solicitar aplazamientos sin garantía y el Gobierno fijará en breve el nuevo umbral en 30.000 euros.

¿Cuál es el coste? Las deudas aplazadas sin aval aplican el tipo de interés de demora que decide el Gobierno y que bajará al 3,75% a partir de 2016. Si se han entregado garantías, la referencia es el interés legal del dinero, que a partir del próximo año bajará del 3,5% al 3%.

Hacienda también puede embargar bienes a los niños

little-girl-hiding-her-face-14111743Un empresario ahogado por las deudas tributarias y sin liquidez cede bienes a sus hijos para evitar el embargo y la pérdida de su patrimonio. Se trata de una situación relativamente frecuente –y más en períodos de crisis– que la Agencia Tributaria combate. La Ley General Tributaria contempla que se pueda exigir el pago de la deuda fiscal a quien colabore “en la ocultación o transmisión de bienes del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación” de Hacienda. Y si el bien es donado a un niño, ¿puede ser declarado responsable solidario? La respuesta, que ha generado división dentro de los tribunales económico-administrativos, es .

Una reciente resolución del TEAC aborda el caso de contribuyente que fue declarado responsable de la deuda de su empresa en concepto de IVA e impuesto sobre sociedades. Tras no abonar el importe requerido en período voluntario, la Agencia Tributaria inició el procedimiento de apremio y el embargo preventivo de los bienes del contribuyente. Para evitar perder parte de su patrimonio, donó a sus tres hijos –uno de ellos de ocho años– una finca. La Agencia Tributaria entendió que se había producido un vaciamiento patrimonial y declaró responsables solidarios a los hijos, incluyendo al menor de edad.

El contribuyente recurrió y el Tribunal Económico-Administativo Regional de Madrid (TEAR) le dio la razón al considerar que para que pueda exigirse responsabilidad solidaria, debe apreciarse una intención de colaborar con el deudor a ocultar bienes. Obviamente, ello no sucede en el caso de un niño de ocho años. La resolución del TEAR de Madrid disparó las alarmas en Hacienda al ver cómo se cerraba una de las vías para luchar contra los vaciamientos patrimoniales a favor de menores.

Hacienda argumentó que la decisión abría la puerta a que la ocultación de bienes quedara impune cuando intervinieran niños y presentó un recurso de alzada para la unificación de criterio ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). Este órgano emitió una resolución el pasado mayo y se alineó con la postura de la Administración.

El TEAC concluye que un menor de edad sí puede ser declarado responsable solidario. La resolución, que tiene efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración tributaria, reconoce que la legislación contempla la “inimputabilidad del menor de edad en la comisión de infracciones tributarias”, sin embargo, añade que ello no impide que se declare responsable solidario a un menor de una deuda fiscal. Por otra parte, el TEAC apoya su tesis en una sentencia de la Audiencia Nacional sobre los efectos de la representación legal de los padres sobre los hijos.

(cincodias.com)

Golpe judicial a Hacienda por no devolver dinero a un ciudadano.

Golpe judicial a Hacienda por no devolver dinero a un ciudadano.

La Audiencia Nacional acaba de dictar una nueva sentencia en la que arremete contra las prácticas del Tribunal Económico-Administrativo Central (Teac), esta vez por un caso en el que la Administración se negó a devolver a un contribuyente una suma pagada indebidamente, basándose en que el interesado tardó más de cuatro años en reclamar esa cantidad.

Según la sentencia, dictada el pasado 19 de diciembre de 2013, de la que es ponente el magistrado Navarro Sanchís, el derecho a la devolución de una cantidad autoliquidada a devolver, reconocida en una resolución administrativa firme del propio Teac, no puede prescribir a los cuatro años. En otras palabras, no puede aplicarse el plazo de prescripción que recoge el artículo 66.d) de la Ley General Tributaria (LGT), utilizado por Hacienda para negarse a la devolución. Dicho artículo fija que prescribirá a los cuatro años “el derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías”, entre otros puntos.

En este caso, la recurrente solicitó la devolución de un pago indebido en concepto de Impuesto sobre Sociedades, apoyándose en una resolución estimatoria del Teac. Sin embargo, la Delegación de la Aeat competente no tuvo constancia de ello -por lo que no devolvió el dinero- y, ante la reclamación del interesado -que se produjo transcurridos más de cuatro años desde que se dictó la resolución-, denegó tal pretensión argumentando que se había cumplido el plazo de prescripción.

Ejecución de una “resolución firme”

Según el fallo, es “erróneo considerar que el plazo para promover la devolución de los ingresos indebidos, establecido en el artículo 66.d) de la Ley General Tributaria (…), rige en este concreto asunto, precisamente porque aquí no se trata, en modo alguno, de reclamar ese derecho, abstractamente considerado y dirigido a la Administración, para obtener la devolución de un ingreso indebidamente efectuado”.

Al contrario, se trata de “hacer cumplir, en sus estrictos términos, las resoluciones firmes de los órganos administrativos que ejercen una función revisora”, todo ello teniendo en cuenta que acudir a estos tribunales administrativos supone un trámite obligatorio “antes de que pueda accederse a la tutela judicial a cargo de Tribunales independientes”, y dándose por supuesta “la eficacia de tales resoluciones”. No se trata, por tanto, de calificar la pretensión, “como inmotivadamente hace el Teac, como una devolución de ingresos indebidos, sino de la ejecución de una resolución firme y favorable, que es algo netamente distinto y cualitativamente más intenso en cuanto a la fuerza del derecho que ostenta el favorecido por ese acto firme”.

Descartada la aplicación del artículo 66 de la LGT, la Audiencia se apoya en la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo y, por analogía iuris, fija que, si la ley no prevé plazo especial de prescripción de la acción para reclamar el derecho ganado en sentencia firme -y tampoco establece un plazo particular de la prescripción del derecho a la ejecución de lo ejecutoriamente resuelto ante la Administración-, “es razonable considerar que rige para la prescripción de los derechos inamovibles ganados por resolución firme el plazo general de 15 años establecido para las acciones personales en el artículo 1964 del Código Civil”.

Y es que, según la Audiencia, “hay un interés público en que las resoluciones [del Teac] se lleven a puro y debido término, en un esquema semejante al que rige para las resoluciones judiciales”.

(eleconomista.es)

HACIENDA, A LA CAZA DE ALQUILERES NO DECLARADOS POR LOS PROPIETARIOS

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Los inspectores de Hacienda se presentaron en 20.446 viviendas en 2012 a la búsqueda de arriendos y subarriendos ilegales.

La lucha contra el fraude fiscal no cesa y desde hace un tiempo Hacienda ha puesto el objetivo en los alquileres que no se declaran al Fisco. En concreto en el año 2002 los inspectores de la Agencia Tributaria se personaron en 20.446 viviendas por sospechas de que se estaban alquilando sin que los propietarios declarasen el ingreso correspondiente en sus declaraciones de la renta. Este número de visitas casi duplica a las que se realizaron en 2011 ya que en ese año alcanzaron las 11.964, lo que da una idea de la importancia que da Hacienda a este tipo de actividad ilegal.

Hacienda este año va más allá y está afinando el tiro. Ahora busca no sólo los alquileres que se puedan denominar “normales”, sino que está también a la caza de los conocidos como “apartamentos turísticos”, una fórmula que permite a los visitantes alojarse de manera barata en unas casas cuyos propietarios no pagan ni un euro al Fisco por esta actividad económica, como es la explotación de su patrimonio, en este caso su casa.

Desde las asociaciones de hoteleros, por su parte, se ha criticado en numerosas ocasiones este tipo de alojamientos por representar competencia desleal para ellos, al margen de que este tipo de apartamentos no ofrece las mismas garantías que un establecimiento reglado.

En la misma línea el subarriendo de habitaciones dentro de los pisos de alquiler es otro de los objetivos de Hacienda por la sencilla razón de que es una actividad ilegal y, sobre todo, que no se declara a Hacienda.

(ABC.ES)