Las empresas y autónomos afectados por catástrofes este verano podrán retrasar el pago de cotizaciones

gota fría

El diferimiento podrá ser de seis meses naturales y consecutivos y las cuotas retrasadas se abonarán mensualmente desde octubre de 2020

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará en próximos días una resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que se autoriza a todas las empresas con asalariados y a los autónomos de las provincias afectadas por los últimos temporales, incendios y otras catástrofes retrasar seis meses el pago de las cotizaciones.

Concretamente, dicha resolución indica que “se autoriza a las empresas que tengan trabajadores en alta, así como a los trabajadores por cuenta propia, incluidos en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social, que acrediten haber resultado afectados por los temporales y otras situaciones catastróficas (…) a diferir el plazo reglamentario de ingreso de las cuotas de la Seguridad Social”.

Este diferimiento se hará por el plazo de “seis meses naturales consecutivos”. Las primeras cuotas que podrán diferirse del plazo reglamentario de ingreso serán las de septiembre de 2019, excepto los trabajadores del régimen especial de autónomos, en el que serán las cuotas de octubre.

Posteriormente, las cuotas que se difieran “deberán ingresarse mensualmente desde octubre de 2020 hasta marzo de 2021 sin aplicación de recargos o interés alguno”. Las solicitudes se podrán presentar debidamente acreditadas de los daños y la pérdida de actividad provocada hasta el 30 de octubre de 2019.

Las provincias afectadas por incendios en junio fueron Tarragona Lleida, Toledo y la Comunidad de Madrid. Mientras que en agosto el fuego asolo zonas de la Isla de Gran Canaria en agosto.

Distintas inundaciones afectaron en julio y agosto a las comunidades de Navarra, La Rioja, Madrid y Murcia e Islas Baleares; y a las provincias de Zaragoza y Cáceres, Segovia, Valladolid, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Alicante, Castellón, Valencia, Lleida, Sevilla y Málaga, Asimismo se incluye a Ourense por la tormenta de granizo e inundaciones acaecidas el día 8 de julio de 2019.

Y a las provincias de Albacete, Alicante, Valencia, Almería, Málaga y Granada, Murcia, Baleares y la Comunidad de Madrid, por los sucesos causados por la gota fría DANA entre el 12 y el 16 de septiembre pasados.

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Así actuarán los inspectores si llegan a una empresa donde los trabajadores no fichan al entrar

La documentación se deberá conservar, durante cuatro años, en cada centro de trabajo y no en las gestorías o sedes centrales de las empresas

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El Ministerio de Trabajo publicó la semana pasada en su web una detallada guía destinada a los empresarios para ayudarles a implantar los sistemas de registro de la jornada diaria de sus empleados, que son obligatorios desde el pasado 12 de mayo.

Pero además de esta guía, la dirección de la Inspección de Trabajo ha elaborado también un Criterio técnico sobre la actuación en materia de registro de jornada para los propios inspectores y subinspectores, a cuyo borrador ha accedido este periódico, y que aclara algunas de las pautas que seguirán estos funcionarios a la hora de exigir el control horario.

Los últimos datos oficiales indican que en 2018 había 944 inspectores de Trabajo y 828 subinspectores, pero la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, anunció el año pasado que esta plantilla se reforzaría con 833 nuevas plazas de inspectores y subinspectores en los próximos cinco años.

La primera cuestión que precisa este documento es que los inspectores deben tener claro que “la llevanza del registro de jornada no es una opción para el empresario, sino que se trata de un deber” incluido en la ley.

Los criterios de actuación marcados piden inicialmente a los inspectores y subinspectores que exijan que los registros se ubiquen “físicamente en el centro de trabajo y no en otros lugares como asesorías u oficinas centrales”. Por tanto, no podrán ser las gestorías o empresas auxiliares subcontratadas que realicen la contabilidad o administración de las empresas las que custodien los registros durante los cuatro años que exige la nueva normativa. Estos datos tampoco se podrán conservar en la sede central de la compañía, sino en cada centro de trabajo, sucursal u oficina.

 

(cincodias.com)

 

WhatsApp no es un medio válido para comunicar cambios laborales

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La ‘app’ no reúne los requisitos de formales suficientes para informar de modificaciones en el empleo, según el juzgado

 

El uso generalizado de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en el ámbito del trabajo, no lo convierte en un medio válido para comunicar a los empleados modificaciones sustanciales de las condiciones laborales (horarios, turnos, etc.). Así lo establece una reciente sentencia de un juzgado de Oviedo (accede aquí al texto), que afirma que “por mucha libertad de forma que exista en este ámbito”, esta no es un “vía formal” de comunicación en las relaciones entre empresa y empleado.

El juzgado rechaza la petición de un trabajador de rescindir su contrato, después de que se le comunicara un cambio de turno a través de la app, porque, según sostiene, dicha conversación no supuso modificación sustancial de sus condiciones laborales. 

El empleado, un conductor-repartidor, alegó que su encargado le había preguntado por WhatsApp si iba a venir en otro turno para sustituir a un compañero en vacaciones, lo que consideró un cambio de horario impuesto. Por este motivo invocó su derecho a rescindir su contrato y a ser indemnizado.

Cómodo pero insuficiente

Tras valorar las pruebas presentadas, el juzgado niega que hubiera existido una modificación sustancial de las condiciones laborales del trabajador. En primer lugar, porque WhatsApp no es una vía de comunicación admisible para la modificación contractual.

A pesar de ser un medio ágil y cómodo, como reconoce la resolución, no reúne los requisitos formales mínimos para comunicar una decisión empresarial de tal calado. Y, además, faltan las dos notas caracterizadoras de la modificación contractual: no es sustancial, en tanto que la medida era temporal; y tampoco se había impuesto. Según constaba, el encargado preguntó por WhatsApp, “¿qué vas a hacer? ¿vas a ir de noche o de mañana?” y el empleado ni siquiera contestó.

Entre las razones que ofrece el juzgado para rechazar la existencia de una modificación contractual, se subraya el hecho de que la conversación se inició por el encargado de almacén y no la empresa. Para producir efectos jurídicos, la comunicación debe realizarla el empresario o persona autorizada.

(cincodias.com)

El TJUE exime a las embarazadas de trabajar en horario nocturno si existe riesgo para su salud

  • Las mujeres gestantes o lactantes no pueden ser obligadas a trabajar de noche aunque solo lo hagan por forma parcial
  • El tribunal establece que será la empresa quien deba demostrar que no existe peligro en el desempeño del cargo
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El  Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado este martes la razón a una empleada de una empresa de seguridad española a la que se le negó la suspensión de su contrato y el derecho a una prestación por lactancia por trabajar parcialmente en horario nocturno.

El fallo responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justica de Galicia. El TJUE recuerda que existe una directiva europea que protege a las empleadas embarazadas o lactantes, para no verse obligadas a trabajar en horario nocturno, si éste implica un riesgo para su seguridad o salud y la de sus hijos, y matiza que dicha regulación debe extenderse también a aquellas mujeres que trabajen solo parcialmente en horario de noche.

La justicia europea establece igualmente que Prosegur, la empresa de seguridad demandada, podría haber incurrido en “discriminación directa por razón de sexo”, ya que se negó a realizar “un examen específico que tuviera en cuenta la situación individual” de la empleada. Ante estos casos, el tribunal con sede en Luxemburgo ha dictaminado que debe invertirse la carga de la prueba para que sea el demandado (y no la demandante) el encargado de probar que dicho trabajo no supone un riesgo para la madre o el recién nacido.

La sentencia del TJUE ha seguido punto por punto las conclusiones emitidas a finales de abril por Elena Sharpston, abogada general de la Corte, y corresponderá ahora al Tribunal Superior gallego dictar sentencia en base a la doctrina que ha sentado la justicia europea, quien ya dictó en octubre del año pasado una sentencia similar (asunto C-531/15, Otero Ramos), a la formulada este miércoles.

El caso que ha llegado hasta las instancias comunitarias se remonta a marzo de 2015, cuando la empleada de seguridad, que había dado a luz cuatro meses antes, solicitó a Prosegur una suspensión de su contrato y la concesión de una prestación por lactancia. La mujer trabajaba en el centro comercial As Termas de Lugo en turnos rotatorios de ocho horas, de los cuales parte se realizaban de madrugada.

La demandante había obtenido de una pediatra un certificado médico que acreditaba que su puesto de trabajo nocturno presentaba un riesgo para la alimentación por lactancia natural de su hijo. Un extremo que está previsto en la ley española de riesgos laborales en su artículo 26. A pesar de ello, Umivale, la mutua privada de Prosegur, le denegó la prestación al entender que no existía riesgo, razón por la que la afectada presentó una reclamación que le fue igualmente denegada.

Eso motivó que interpusiera una demanda contra su empleador ante el Juzgado de lo Social número 3 de Lugo, que desestimó la causa. Recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que ante la duda de cómo interpretar las directivas europeas sobre seguridad y salud de las trabajadores embarazadas y la relativa a la de inversión de carga de la prueba en situaciones de discriminación por razón de sexo, decidió plantear una cuestión prejudicial al TJUE.

(cincodias.com)

Los nuevos autónomos de municipios inferiores a 5.000 habitantes pagarán la tarifa plana durante 2 años

Esta norma, que entró en vigor el 1 de agosto, beneficiará a los trabajadores por cuenta propia que se hayan dado de alta después de esta fecha, ya que no es una medida retroactiva, según ha recordado ATA en un comunicado.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 recogían esta modificación de la tarifa plana por la que se amplía la bonificación a dos años para los beneficiarios que inicien una actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, esta ayuda fomentará el relevo generacional y ayudará a paliar la despoblación de las zonas rurales.

En la actualidad, uno de cada cinco autónomos que se da de alta lo hace en el ámbito rural. “Hay muchos sectores que están sufriendo en los últimos años en el ámbito rural como es el comercio y con esta medida esperamos que remonte y se produzcan menos cierres y más relevos”, ha resaltado Amor.

En concreto, se podrán beneficiar de la tarifa plana los trabajadores por cuenta propia que causen alta inicial y que no hubieran estado en situación de alta en los dos últimos años.

Los beneficiaros de esta medida contarán con los mismos incentivos tanto en el primer año como en el siguiente. Así, para beneficiarse de esta medida, los autónomos deberán estar empadronados en un municipio de menos de 5.000 habitantes.

Además, deberán estar dados de alta en el censo de obligados tributarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o de las Haciendas Forales, correspondiendo el lugar de desarrollo de la actividad declarada a un municipio cuyo padrón sea inferior a 5.000 habitantes.

También será obligatorio mantener el alta en la actividad autónoma o por cuenta propia en el municipio en los dos años siguientes al alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y permanecer empadronado en el mismo municipio en los cuatro años siguientes a dicha alta.

La Seguridad Social confirma el uso de Big Data para detectar autónomos ficticios

La Tesorería General de la Seguridad Social ya aplica el Big Data en sus procesos de gestión. En concreto, el uso de esta avanzada tecnología le está sirviendo para detectar y luchar contra el fraude e identificar a los autónomos ficticios.

BIGDATA

A través de este sistema, la Seguridad Social monitoriza los datos de 1,5 millones de empresas y 18,6 millones de trabajadores en activo. Mensualmente se procesan más de 7.000 millones de registros, suponiendo un movimiento de información de 3.000 Gb.

El Plan integral de lucha contra el fraude que ha implantado la Tesorería General de la Seguridad Social le está permitiendo aprovechar el valor de los datos acumulados para establecer controles en materia de afiliación, cotización y recaudación del Sistema.

Alertas que detectan el fraude

Para llevar a cabo el plan, la Seguridad Social está utilizando indicadores y alertas de riesgos facilitan la detección, corrección o prevención de estos casos con una rapidez y eficacia mucho más avanzada y que, además, les ofrecen una valiosa información para atacar el fraude de una manera conjunta.

Uno de los principales sistemas empleados consiste en detectar empresas ficticias. Se trata de localizar compañías sin actividad real, empleados ficticios en empresas con actividad y autónomos ficticios. En esta actuación se han analizado 12.170 millones de empresas hasta diciembre de 2017 y se han identificado a 104.347 trabajadores afectados.

Por otro lado, se han implantado indicadores para detectar conductas delictivas, provocando la actuación sobre 2.432 empresas las cuales han desembocado en actuaciones judiciales por presunto delito a la Seguridad Social en 613 de ellas, (un 30% de índice de acción judicial), con un total de importes regularizados que asciende a 36.499.781 euros.

Casos con riesgo

Aparte de eso se ha aplicado un modelo predictivo con 300 variables. Éste ha sido capaz de detectar los casos con elevada posibilidad de incumplimiento. Asimismo, ha identificado casos con riesgo de entrar en un procedimiento concursal en los próximos 6 meses, mejorando en un 200% la identificación a priori de estas situaciones.

(CINCODIAS.COM)

Las altas de mujeres en autónomos superan a las de los hombres en 2018

mujer autónoma

  • Las altas de autónomas han crecido el doble de rápido que las de los hombres, en los tres primeros meses del año.

El primer trimestre del año ha dejado cifras que reflejan un cambio de tendencia en el panorama actual de los autónomos. Si bien 2017 cerró con un descenso tanto en hombres como en mujeres, el arranque de 2018 señala un incremento generalizado, más acentuado en mujeres.

En concreto, el ascenso en el número de nuevas profesionales por cuenta propia ha sido de un 1,6%, que en datos absolutos se traduce en 10.825 personas. Este aumento ha duplicado el de los varones, que no obstante siguen representando el 64,9% del total de autónomos. Las mujeres han pasado de representar el 34,6% a finales de 2017 a representar el 35,1% en marzo de 2018.

Casi 20.000 nuevas altas

Así las cosas, el primer trimestre de 2018 ha sumado 19.509 nuevos autónomos, de los cuales el 55,5% se corresponde con mujeres, según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos.

En lo relativo a la edad, cabe señalar que el incremento de nuevos profesionales adheridos al RETA se ha producido en todas las franjas, aunque el mayor ascenso se ha producido en los menores de 25 años. Esta franja ha crecido un 5,1%.

No obstante, los menores de 25 siguen por debajo del resto de franjas en términos absolutos, representando actualmente solo el 1,9% Del pastel de autónomos persona física.

La segunda franja que más ha crecido ha sido la siguiente en edad, la que va desde los 25 a los 39 años. En concreto, el ascenso ha sido del 1,1%, que supone 5.814 nuevos autónomos.

Actualmente, cuatro de cada diez profesionales por cuenta propia tienen entre 40 y 54 años, franja que ha sumado 7.325 nuevos efectivos en tan solo tres meses, lo que se traduce en más del 70% de las nuevas altas.

En último lugar, desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos se destaca que el 5,3% de los autónomos persona física compagina su actividad por otra por cuenta ajena. “Además, el número de familiares colaboradores en alta en la Seguridad Social asciende a los 195.521 personas y suma en tres meses un 0,1% (282 autónomos más)”, concluye el informe.

(cincodias.com)