Las empresas y autónomos afectados por catástrofes este verano podrán retrasar el pago de cotizaciones

gota fría

El diferimiento podrá ser de seis meses naturales y consecutivos y las cuotas retrasadas se abonarán mensualmente desde octubre de 2020

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará en próximos días una resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que se autoriza a todas las empresas con asalariados y a los autónomos de las provincias afectadas por los últimos temporales, incendios y otras catástrofes retrasar seis meses el pago de las cotizaciones.

Concretamente, dicha resolución indica que “se autoriza a las empresas que tengan trabajadores en alta, así como a los trabajadores por cuenta propia, incluidos en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social, que acrediten haber resultado afectados por los temporales y otras situaciones catastróficas (…) a diferir el plazo reglamentario de ingreso de las cuotas de la Seguridad Social”.

Este diferimiento se hará por el plazo de “seis meses naturales consecutivos”. Las primeras cuotas que podrán diferirse del plazo reglamentario de ingreso serán las de septiembre de 2019, excepto los trabajadores del régimen especial de autónomos, en el que serán las cuotas de octubre.

Posteriormente, las cuotas que se difieran “deberán ingresarse mensualmente desde octubre de 2020 hasta marzo de 2021 sin aplicación de recargos o interés alguno”. Las solicitudes se podrán presentar debidamente acreditadas de los daños y la pérdida de actividad provocada hasta el 30 de octubre de 2019.

Las provincias afectadas por incendios en junio fueron Tarragona Lleida, Toledo y la Comunidad de Madrid. Mientras que en agosto el fuego asolo zonas de la Isla de Gran Canaria en agosto.

Distintas inundaciones afectaron en julio y agosto a las comunidades de Navarra, La Rioja, Madrid y Murcia e Islas Baleares; y a las provincias de Zaragoza y Cáceres, Segovia, Valladolid, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Alicante, Castellón, Valencia, Lleida, Sevilla y Málaga, Asimismo se incluye a Ourense por la tormenta de granizo e inundaciones acaecidas el día 8 de julio de 2019.

Y a las provincias de Albacete, Alicante, Valencia, Almería, Málaga y Granada, Murcia, Baleares y la Comunidad de Madrid, por los sucesos causados por la gota fría DANA entre el 12 y el 16 de septiembre pasados.

Los contratos de alquiler firmados hoy ya tendrán un plazo de siete años

El Ejecutivo publica en el BOE los cambios que elevan la duración de los contratos

piso alquiler

El Gobierno ha publicado en el BOE los cambios legales anunciados el pasado viernes sobre el mercado del alquiler. El más destacable es el aumento de la duración de los contratos, que pasa de un mínimo de tres años a cinco. Aunque dicha duración se puede pactar libremente, se prorroga automáticamente, a voluntad del inquilino, en plazos de un año hasta llegar al límite de cinco, que será de siete en caso de que el casero sea una sociedad.

Los contratos que se firmen mañana ya estarán sometidos a este nuevo plazo, puesto que es cuando la norma entra en vigor, según establece el BOE. El texto legal especifica también que los contratos anteriores a la entrada en vigor de la norma estarán sujetos al régimen jurídico previo, es decir, seguirán con contratos de tres años.

También se amplía el plazo de la prórroga tácita de uno a tres años; es decir, si 30 días antes del vencimiento del contrato ni casero ni inquilino ha notificado su intención de no renovar el alquiler, éste se da por prorrogado en tres años. El Gobierno limita además las fianzas a un máximo de dos mensualidades, y fija que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato corran a cargo del casero cuando éste sea una persona jurídica.

El texto legal también modifica el derecho de tanteo del inquilino en caso de una eventual venta de la vivienda. La normativa anterior elimina este derecho de tanteo en caso de venta en bloque de viviendas o, como especifica la normativa, “cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble ni tampoco cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador “.

La reforma mantiene esta condición, pero abre la puerta a que la legislación sobre vivienda establezca este derecho de tanteo “en favor del órgano que designe la administración competente en materia de vivienda”. Esto abre la puerta a que las administraciones establezcan límites a las grandes operaciones inmobiliarias de venta de viviendas con inquilino.

Respecto al alquiler turístico, el Gobierno lo saca de la LAU y pasa a ser regulado por la normativa de actividad turística de cada comunidad autónoma. Se modifica, igualmente, la ley de propiedad horizontal para que las comunidades de vecinos puedan limitar este tipo de alquileres por mayoría de tres quintas partes de los propietarios en vez de por unanimidad, tal y como se requería hasta ahora. También se prevé que se pueda exigir a los propietarios que realicen actividades turísticas una mayor aportación a los gastos de la comunidad, si bien con un límite máximo del 20% de la cuota.

Respecto a a normativa de propiedad horizontal se hacen dos leves modificaciones: una se aumenta el mínimo establecido de fondo de reserva, del 5% al 10% del presupuesto de la Comunidad, y se establece que las obras de accesibilidad en edificios serán obligatorias cuando las ayudas públicas cubran el 75% de los gastos.

El Ejecutivo modifica también la Ley de Enjuiciamiento Civil para ofrecer una mayor protección a los hogares vulnerables que atraviesen este tipo de situación. El juez deberá notificar a los servicios sociales el desahucio, y estos tendrán la obligación de remitirle un informe. En caso de percibir una situación de riesgo, se podrá paralizar el procedimiento durante un mes, si el casero es una persona física, o dos, en el caso de que se trate de una sociedad, mientras se busca una solución habitacional para los afectados.

(cincodias.com)

Publicado el RD-ley 3/2014, por el que se establece la nueva tarifa plana de cotización a la S.S. por creación neta de empleo

El BOE publica el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, por el que se establece la nueva ‘tarifa plana’ de cien euros en la cotización a la Seguridad Social para la contratación de nuevos trabajadores indefinidos, anunciada el pasado martes por el presidente del Gobierno durante el Debate sobre el estado de la Nación.

Esta medida supone que las empresas o autónomos que contraten a un nuevo trabajador indefinido sólo pagarán cien euros mensuales en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes durante los primeros veinticuatro meses, siempre y cuando esta contratación suponga la creación neta de empleo estable.

Alcance general de la medida

Se podrán beneficiar de esta medida todas las empresas, con independencia de su tamaño, tanto si la contratación es a tiempo completo como si es a tiempo parcial, respecto de los contratos celebrados entre el 25 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, siempre que suponga creación de empleo neto.

La cuota empresarial a ingresar por contingencias comunes será de 100 euros mensuales, en los supuestos de contratos celebrados a tiempo completo, siendo de 75 ó 50 euros mensuales en los contratos a tiempo parcial en función de la jornada de trabajo que se realice.

Las empresas de menos de diez trabajadores podrán beneficiarse, una vez transcurridos los primeros veinticuatro meses, de doce meses adicionales de una reducción del 50 por 100 de la cuota por dichas contingencias.

Requisitos para acogerse a la medida

1. Para beneficiarse de estas reducciones, el empresario debe cumplir con una serie de requisitos que, con carácter general, se exigen para el acceso a este tipo de incentivos en normas de similar naturaleza, como son: hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no haber sido excluido del acceso a los beneficios de programas de empleo por la comisión de determinadas infracciones graves o muy graves y mantener el nivel de empleo total e indefinido alcanzado con dicha contratación.

2. Se exige además, que se celebren contratos indefinidos que supongan un incremento tanto del nivel de empleo indefinido como del nivel de empleo total de la empresa. Para calcular dicho incremento, se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores que hayan prestado servicios en la empresa en los treinta días anteriores a la celebración del contrato.

3. Se requiere también mantener durante un periodo de 36 meses, a contar desde la fecha de efectos del contrato indefinido con aplicación de la reducción, tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total alcanzado, al menos, con dicha contratación.

4. Por último, también se exige como requisito que la empresa no haya extinguido contratos de trabajo por causas objetivas o por despido disciplinario que hubiesen sido declarados judicialmente improcedentes, o por despidos colectivos.

El requisito anterior afectará únicamente a las extinciones producidas a partir del 25 de febrero de 2014.

Contrataciones excluidas

Las reducciones previstas en esta RD Ley no se aplicarán en los siguientes supuestos:

a) Relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o en otras disposiciones legales.

b) Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades o de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior la contratación de los hijos que reúnan las condiciones previstas en la disposición adicional décima de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

c) Contratación de trabajadores cuya actividad determine su inclusión en cualquiera de los sistemas especiales establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social.

d) Contratación de empleados que excepcionalmente pueda tener lugar en los términos establecidos en los artículos 20 y 21, y en la disposición adicional vigésima y vigésimo primera de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

e) Contratación de trabajadores que hubieren estado contratados en otras empresas del grupo de empresas del que formen parte y cuyos contratos se hubieran extinguido por causas objetivas o por despidos disciplinarios que hayan sido unos u otros declarados judicialmente como improcedentes, o por despidos colectivos, en los seis meses anteriores a la celebración de los contratos que dan derecho a la reducción.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en el caso de extinciones que se hayan producido antes del 25 de febrero de 2014.

f) Contratación de trabajadores que en los seis meses anteriores a la fecha del contrato hubiesen prestado servicios en la misma empresa o entidad mediante un contrato indefinido.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación para el supuesto de trabajadores cuyos contratos de trabajo se hubieran extinguido antes del 25 de febrero de 2014.

Alcance temporal de la medida

Estas reducciones se aplicarán durante un período de 24 meses, computados a partir de la fecha de efectos del contrato, que deberá formalizarse por escrito, y respecto de los celebrados entre el 25 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.

Ahorro para las empresas

Según explicó el Gobierno, esta reducción supondrá un ahorro medio para el empleador de alrededor del 75 por 100 de la cotización por contingencias comunes, que se reducirá a cien euros al mes (1.200 euros anuales). Esta medida, aplicada a un sueldo bruto anual de veinte mil euros, implica que el empleador se ahorrará 3.520 euros anuales de cotización a la Seguridad Social por cada empleo nuevo creado.

No afectará a los derechos sociales

La nueva regulación no afecta a la aportación del trabajador ni a la aportación empresarial por contingencias profesionales, desempleo, FOGASA y Formación profesional, respecto de las cuales se aplicarán las reglas ya vigentes de cotización.

Tampoco tendrá ningún impacto en la cuantía de las prestaciones económicas a las que puedan tener derecho los trabajadores, que se calcularán aplicando el importe íntegro de la base de cotización.

Creación de empleo

Las empresas o autónomos que se acojan a esta tarifa plana no deberán haber realizado despidos disciplinarios o por causas objetivas, declarados improcedentes, o despidos colectivos en los seis meses anteriores a la fecha de celebración del contrato. A estos efectos, sólo se tendrán en cuenta las extinciones realizadas con posteridad al anuncio de esta medida, esto es, posteriores al pasado 25 de febrero.

Las empresas que no mantengan el nivel de empleo total ni el nivel de empleo indefinido en los tres años siguientes al contrato deberán reintegrar, total o parcialmente, las cantidades que se han ahorrado. Si incumplen el primer año, deberán ingresar la totalidad de la reducción; si incumplen el segundo año, deberán ingresar el 50 por 100 y, si incumplen el tercer año, deberán ingresar el 33 por 100.

Asimismo, la reducción de cotizaciones por contingencias comunes que supone la tarifa plana de cien euros no será compatible con otras bonificaciones a la Seguridad Social.

Entrada en vigor

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».