Los contratos de alquiler firmados hoy ya tendrán un plazo de siete años

El Ejecutivo publica en el BOE los cambios que elevan la duración de los contratos

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El Gobierno ha publicado en el BOE los cambios legales anunciados el pasado viernes sobre el mercado del alquiler. El más destacable es el aumento de la duración de los contratos, que pasa de un mínimo de tres años a cinco. Aunque dicha duración se puede pactar libremente, se prorroga automáticamente, a voluntad del inquilino, en plazos de un año hasta llegar al límite de cinco, que será de siete en caso de que el casero sea una sociedad.

Los contratos que se firmen mañana ya estarán sometidos a este nuevo plazo, puesto que es cuando la norma entra en vigor, según establece el BOE. El texto legal especifica también que los contratos anteriores a la entrada en vigor de la norma estarán sujetos al régimen jurídico previo, es decir, seguirán con contratos de tres años.

También se amplía el plazo de la prórroga tácita de uno a tres años; es decir, si 30 días antes del vencimiento del contrato ni casero ni inquilino ha notificado su intención de no renovar el alquiler, éste se da por prorrogado en tres años. El Gobierno limita además las fianzas a un máximo de dos mensualidades, y fija que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato corran a cargo del casero cuando éste sea una persona jurídica.

El texto legal también modifica el derecho de tanteo del inquilino en caso de una eventual venta de la vivienda. La normativa anterior elimina este derecho de tanteo en caso de venta en bloque de viviendas o, como especifica la normativa, “cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble ni tampoco cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador “.

La reforma mantiene esta condición, pero abre la puerta a que la legislación sobre vivienda establezca este derecho de tanteo “en favor del órgano que designe la administración competente en materia de vivienda”. Esto abre la puerta a que las administraciones establezcan límites a las grandes operaciones inmobiliarias de venta de viviendas con inquilino.

Respecto al alquiler turístico, el Gobierno lo saca de la LAU y pasa a ser regulado por la normativa de actividad turística de cada comunidad autónoma. Se modifica, igualmente, la ley de propiedad horizontal para que las comunidades de vecinos puedan limitar este tipo de alquileres por mayoría de tres quintas partes de los propietarios en vez de por unanimidad, tal y como se requería hasta ahora. También se prevé que se pueda exigir a los propietarios que realicen actividades turísticas una mayor aportación a los gastos de la comunidad, si bien con un límite máximo del 20% de la cuota.

Respecto a a normativa de propiedad horizontal se hacen dos leves modificaciones: una se aumenta el mínimo establecido de fondo de reserva, del 5% al 10% del presupuesto de la Comunidad, y se establece que las obras de accesibilidad en edificios serán obligatorias cuando las ayudas públicas cubran el 75% de los gastos.

El Ejecutivo modifica también la Ley de Enjuiciamiento Civil para ofrecer una mayor protección a los hogares vulnerables que atraviesen este tipo de situación. El juez deberá notificar a los servicios sociales el desahucio, y estos tendrán la obligación de remitirle un informe. En caso de percibir una situación de riesgo, se podrá paralizar el procedimiento durante un mes, si el casero es una persona física, o dos, en el caso de que se trate de una sociedad, mientras se busca una solución habitacional para los afectados.

(cincodias.com)

HACIENDA, A LA CAZA DE ALQUILERES NO DECLARADOS POR LOS PROPIETARIOS

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Los inspectores de Hacienda se presentaron en 20.446 viviendas en 2012 a la búsqueda de arriendos y subarriendos ilegales.

La lucha contra el fraude fiscal no cesa y desde hace un tiempo Hacienda ha puesto el objetivo en los alquileres que no se declaran al Fisco. En concreto en el año 2002 los inspectores de la Agencia Tributaria se personaron en 20.446 viviendas por sospechas de que se estaban alquilando sin que los propietarios declarasen el ingreso correspondiente en sus declaraciones de la renta. Este número de visitas casi duplica a las que se realizaron en 2011 ya que en ese año alcanzaron las 11.964, lo que da una idea de la importancia que da Hacienda a este tipo de actividad ilegal.

Hacienda este año va más allá y está afinando el tiro. Ahora busca no sólo los alquileres que se puedan denominar “normales”, sino que está también a la caza de los conocidos como “apartamentos turísticos”, una fórmula que permite a los visitantes alojarse de manera barata en unas casas cuyos propietarios no pagan ni un euro al Fisco por esta actividad económica, como es la explotación de su patrimonio, en este caso su casa.

Desde las asociaciones de hoteleros, por su parte, se ha criticado en numerosas ocasiones este tipo de alojamientos por representar competencia desleal para ellos, al margen de que este tipo de apartamentos no ofrece las mismas garantías que un establecimiento reglado.

En la misma línea el subarriendo de habitaciones dentro de los pisos de alquiler es otro de los objetivos de Hacienda por la sencilla razón de que es una actividad ilegal y, sobre todo, que no se declara a Hacienda.

(ABC.ES)