Las empresas y autónomos afectados por catástrofes este verano podrán retrasar el pago de cotizaciones

gota fría

El diferimiento podrá ser de seis meses naturales y consecutivos y las cuotas retrasadas se abonarán mensualmente desde octubre de 2020

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará en próximos días una resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que se autoriza a todas las empresas con asalariados y a los autónomos de las provincias afectadas por los últimos temporales, incendios y otras catástrofes retrasar seis meses el pago de las cotizaciones.

Concretamente, dicha resolución indica que “se autoriza a las empresas que tengan trabajadores en alta, así como a los trabajadores por cuenta propia, incluidos en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social, que acrediten haber resultado afectados por los temporales y otras situaciones catastróficas (…) a diferir el plazo reglamentario de ingreso de las cuotas de la Seguridad Social”.

Este diferimiento se hará por el plazo de “seis meses naturales consecutivos”. Las primeras cuotas que podrán diferirse del plazo reglamentario de ingreso serán las de septiembre de 2019, excepto los trabajadores del régimen especial de autónomos, en el que serán las cuotas de octubre.

Posteriormente, las cuotas que se difieran “deberán ingresarse mensualmente desde octubre de 2020 hasta marzo de 2021 sin aplicación de recargos o interés alguno”. Las solicitudes se podrán presentar debidamente acreditadas de los daños y la pérdida de actividad provocada hasta el 30 de octubre de 2019.

Las provincias afectadas por incendios en junio fueron Tarragona Lleida, Toledo y la Comunidad de Madrid. Mientras que en agosto el fuego asolo zonas de la Isla de Gran Canaria en agosto.

Distintas inundaciones afectaron en julio y agosto a las comunidades de Navarra, La Rioja, Madrid y Murcia e Islas Baleares; y a las provincias de Zaragoza y Cáceres, Segovia, Valladolid, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Alicante, Castellón, Valencia, Lleida, Sevilla y Málaga, Asimismo se incluye a Ourense por la tormenta de granizo e inundaciones acaecidas el día 8 de julio de 2019.

Y a las provincias de Albacete, Alicante, Valencia, Almería, Málaga y Granada, Murcia, Baleares y la Comunidad de Madrid, por los sucesos causados por la gota fría DANA entre el 12 y el 16 de septiembre pasados.

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Hacienda permitirá aplazar hasta 30.000 euros en impuestos sin aval

grafica aplazamientos

Hacienda elevará de 18.000 a 30.000 euros el límite para solicitar aplazamientos o fraccionamientos del pago de impuestos sin necesidad de presentar avales o garantías. Este cambio normativo, que se aprobará en breve a través de una orden ministerial, beneficiará a los contribuyentes con problemas de liquidez. La medida agilizará la concesión de prórrogas fiscales, una opción muy utilizada por las empresas desde el inicio de la crisis. En 2013, se registraron por primera y única vez en la historia más de dos millones de solicitudes y, en 2012, el importe que se pidió aplazar rebasó los 17.000 millones, un hecho inédito.

Fuentes de la Administración indican que la Agencia Tributaria recibe en los últimos años más de 25.000 solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deuda que se encuentran entre 18.000 euros y 30.000 euros. A partir de ahora, este tipo de peticiones ya no exigirán garantías, lo que implica una tramitación mucho más ágil y un ahorro en los costes ligados a las solicitudes de un aval. El incremento del límite significa que prácticamente todas las peticiones de aplazamiento ya no requerirán de aval. Hay que tener en cuenta que el 96,8% de las solicitudes registradas en 2014 correspondieron a importes inferiores a 18.000 euros. La medida se adopta en vísperas de un año en el que el coste de pedir un aplazamiento se situará en su nivel más bajo desde 1973. Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 contemplan que el interés de demora –que se aplica en el caso de las concesiones de aplazamientos sin aval– pase del 4,475% al 3,75%.

A pesar de esta ampliación del límite a los 30.000 euros y de la rebaja del tipo de interés, cabe esperar que el número de solicitudes para postergar deuda tributaria se reduzca en la medida en que se asiente la recuperación económica. En 2014, se registraron 1.703.523 solicitudes para postergar el pago de impuestos, un 17,6% menos que el año anterior. Fue la primera caída desde 2006. Un descenso al que contribuyó la decisión de la Agencia Tributaria de rechazar con carácter general las solicitudes de aplazamiento de las retenciones del IRPF.

Supuso un cambio drástico respecto al criterio seguido desde 2009, cuando el anterior Gobierno permitió que las empresas pospusieran el ingreso de las retenciones. El departamento de Cristóbal Montoro puso fin a esta práctica en diciembre de 2013 y recordó que las retenciones son un adelanto del IRPF que pagan los trabajadores, aunque la gestión del ingreso corresponde a las empresas.

Las claves de la moratoria fiscal

¿Quién puede pedirlo? Cualquier contribuyente, ya sea una empresa o un particular, puede dirigirse a las autoridades tributarias y pedir un mayor plazo para abonar un impuesto o fraccionar el pago. Si se trata de un tributo de competencia estatal como el IVA o el impuesto sobre sociedades, la concesión dependerá de la Agencia Tributaria y, para impuestos regionales como el de Sucesiones, la decisión recaerá en la Administración autonómica. La Seguridad Social es el órgano competente para denegar o conceder los aplazamientos de cotizaciones.

¿Cuándo se solicita? En cualquier momento, incluso después de la fecha límite para realizar el pago del impuesto. No habrá posibilidad de moratoria en el momento en el que Hacienda ya haya notificado un posible embargo.

¿Qué documentos se exigen? Cuando un contribuyente solicita un aplazamiento puede entregar cualquier documento para demostrar que tendrá capacidad en el futuro para asumir la deuda. En el caso de los avales, en 2009, el anterior Gobierno elevó de 6.000 a 18.000 euros el límite para solicitar aplazamientos sin garantía y el Gobierno fijará en breve el nuevo umbral en 30.000 euros.

¿Cuál es el coste? Las deudas aplazadas sin aval aplican el tipo de interés de demora que decide el Gobierno y que bajará al 3,75% a partir de 2016. Si se han entregado garantías, la referencia es el interés legal del dinero, que a partir del próximo año bajará del 3,5% al 3%.

Hacienda pierde y el autónomo se desgravará los suministros de su casa

Mother and daughter at work. Isolated on white background

Buenas noticias para el autónomo que trabaja en casa. Una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) contradice el criterio seguido hasta ahora por Hacienda y abre la puerta de forma definitiva a que los autónomos que trabajan desde casa puedan deducirse en el IRPF gastos como la luz, el agua, el gas o el teléfono. Recientemente ya se habían producido sentencias en este sentido, sin embargo, ello solo tenía efectos sobre el caso juzgado y la Agencia Tributaria seguía negando la deducción y lanzando paralelas a contribuyentes que osaban desgravarse esos suministros.

Ahora, la resolución del TEAC es vinculante para la Administración y de obligado cumplimiento para los funcionarios de Hacienda. ¿Qué sucedía hasta ahora? El criterio de la Agencia Tributaria, defendido en diversas consultas de la Dirección General de Tributos, permite que el autónomo que trabaja en casa se pueda deducir en el IRPF los gastos derivados de la titularidad de la vivienda como el IBI, la tasa de basuras o la cuota de la comunidad de propietarios. El importe de la deducción se fija en función de los metros cuadrados de la casa que se destinan a desarrollar la actividad profesional. Esto no cambia y continúa igual.

Sin embargo, la Agencia Tributaria vetaba hasta ahora esta misma regla en el caso de los consumos como la luz o el gas con el argumento de que no “existía un regla racional” para determinar qué parte de los suministros se utilizaba para fines particulares y qué parte para la actividad profesional.

La polémica postura de Hacienda ya fue rechazada en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y también en una reciente resolución el Tribunal-Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana, que estableció que la luz o el gas puede deducirse siguiendo la misma regla de prorrateo que se utiliza para el IBI. Fue esta última resolución del TEAR lo que motivó que la Agencia Tributaria presentara un recurso de unificación de criterio ante el TEAC.

Entre el criterio de Hacienda de vetar completamente el gasto en suministros y el de permitir la desgravación en función de los metros cuadrados destinados a una actividad profesional, la resolución del TEAC adopta una postura intermedia. Por un lado, el tribunal entiende que si un autónomo asume gastos en suministros para realizar su trabajo tiene derecho a deducírselos. Hachazo al criterio de Hacienda.

La resolución del TEAC es del pasado 10 de septiembre y, por lo tanto, es pronto para calibrar las consecuencias de una decisión que, a partir de ahora, es de obligado cumplimiento para toda la Administración Tributaria. Cabe esperar que Hacienda estudie la resolución del TEAC y elabore instrucciones internas para que los funcionarios sepan cómo actuar a partir de ahora ante estos casos. Los obligados tributarios y los asesores fiscales, por su parte, deberán estar atentos para ver exactamente qué medios de prueba sirven a ojos de Hacienda para deducir los suministros y cuáles generan problemas. Por otra parte, aquellos contribuyentes que actualmente tengan un expediente abierto por la deducción de consumibles cuentan con una nueva baza para alegar ante la Administración o los Tribunales.

(cincodias.com)

La letra pequeña de la ley de segunda oportunidad: ¿Quién se beneficia?

El pasado sábado entró en vigor, tras publicarse en el BOE, la llamada ley de segunda oportunidad, una de las promesas que lanzó Mariano Rajoy en el debate del Estado de la Nación y que abre la puerta a que personas con exceso de deuda puedan liberarse de esta carga.

El texto, no obstante, está cuajado de mucha letra pequeña; es necesario cumplir numerosas condiciones para acceder a esta exoneración de deudas, como por ejemplo no haber rechazado un puesto de trabajo en los últimos cuatro años. Además, la liberación de deudas es revocable en los cinco años posteriores a la decisión judicial, si por ejemplo el deudor ve mejorada su posición económica de forma suficiente.

¿Quién puede beneficiarse de la norma? ¿Permite a las personas declararse en concurso de acreedores?

En realidad, las personas físicas ya pueden pedir un concurso de acreedores si consideran que no pueden pagar sus deudas. Pero estos concursos dejan fuera las deudas hipotecarias. Así, si una persona no podía pagar la hipoteca sigue debiendo dinero al banco aunque haya entregado la casa, y esa deuda no puede entrar en un régimen concursal tutelado por el juez que reduzca los pagos o los adapte a sus necesidades vitales. El texto aprobado el sábado supone un potencial alivio para los hipotecados, si bien bajo estrictas condiciones.

¿Quién puede pedir liberarse de las deudas?

Primero hay que estar en concurso de acreedores personal, y después el juez tiene que decretar la conclusión de este concurso “por liquidación o insuficiencia de la masa activa”. Es decir, cuando determine que no hay dinero para pagar. Y la petición de liberarse de las deudas tiene que considerarse “de buena fe”.

¿Qué se considera buena fe? ¿Cuáles son las condiciones?

Es la parte principal del texto. Fija los términos que permiten a un deudor acogerse a este beneficio legal. No solo tiene que cumplirlos en el momento en el que solicita la exoneración de deudas, sino también en los cinco años siguientes. Son estas condiciones:

  1. Que el concurso no se haya declarado culpable. Un concurso culpable es aquel en el que el juez determina que la incapacidad de pagar las deudas responde a una “culpa grave” del deudor o a dolo, es decir, que ha generado la insolvencia aposta.
  2. Que el deudor no haya sido condenado, en los últimos 10 años, por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores. Si hay algún proceso en curso, el juez podrá dejar en suspenso la exoneración.
  3. Que el deudor haya querido llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos.
  4. Que haya pagado en su totalidad los créditos concursales privilegiados (hipotecas) o los llamados créditos “contra la masa” (deudas posteriores al concurso). En su defecto, debe haber intentado un acuerdo extrajudicial para pagar el 25% de los créditos concursales ordinarios. Esta condición (que de hecho saca la deuda hipotecaria de la posibilidad de beneficiarse del texto) eliminada si el deudor acepta otra serie de condiciones:
  5. Someterse a un plan de pagos para los créditos no exonerados en un plazo de cinco años.
  6. Cumple las obligaciones de colaborar con la administración concursal.
  7. En los últimos 10 años no se ha beneficiado de esta ley de segunda oportunidad.
  8. Si no ha rechazado en los últimos cuatro años una oferta de empleo “acorde a su capacidad” y si acepta que la exoneración figure en el registro público.

¿Qué pasa con las hipotecas?

La hipoteca sigue estando fuera del concurso de acreedores personal, pero el real decreto aprobado el sábado sí establece que la parte de la hipoteca que no se cubra con la entrega del inmueble (la ejecución de la garantía) queda exonerada, al igual que otros créditos, si se cumplen las condiciones antes citadas. No sucederá así si esta deuda está incluida en “alguna categoría distinta a crédito ordinario o subordinado”.

¿Qué pasa con el cónyuge del endeudado? ¿O con los avalistas?

Aunque no esté en concurso, si el matrimonio convive en régimen de gananciales, el beneficio se extiende a las deudas del cónyuge fruto del matrimonio. En cuanto a las personas que hayan avalado al deudor, los derechos de los acreedores “quedan a salvo”, según el decreto. Es decir, seguirán manteniendo sus deudas con los bancos aunque se haya entregado el inmueble.

¿Hay deudas que quedan fuera de esta ley? ¿Cuáles son?

Las contraídas con la administración pública (créditos de derecho público). Es decir, los pagos pendientes a Hacienda o a la Seguridad Social (en el caso de los autónomos) no pueden ser borradas. Tampoco deudas por alimentos derivadas de sentencias de divorcio. En cuanto a las hipotecas, aquella deuda hipotecaria que haya sido incluida en “alguna categoría distinta a crédito ordinario o subordinado”. Todos los demás créditos del deudor pueden beneficiarse de la exoneración.

¿Y las deudas que quedan fuera, cuándo se pagan?

El deudor tendrá cinco años para abonar estas deudas, que no generarán intereses en este plazo. Para ello tiene que presentar un plan de pago que deberá ser aprobado por el juez. Las deudas con la administración quedan fuera y se regirán por su propia normativa.

¿Cómo es el proceso?

El deudor tendrá que pedirlo una vez concluido el concurso de acreedores por liquidación o insuficiencia de la masa activa, esto es, cuando el juez ha determinado que no hay dinero para pagar las deudas. Si, una vez pedida la exoneración, no hay oposición por parte del juez o los acreedores, se decreta la exoneración provisional. Si hay oposición, tiene que fundarse en el incumplimiento de las condiciones; el juzgado tramitará esta disputa como incidente concursal.

¿Es revocable? ¿Por cuánto tiempo?

Durante los cinco años posteriores a decretarse la exoneración provisional los acreedores podrán revocar este beneficio. El deudor perderá su segunda oportunidad si:

  1. Alguna de las condiciones para decretar el concurso como “de buena fe” se ha incumplido
  2. Incumplese el plan de pagos para las deudas no exoneradas
  3. Mejorase sustancialmente su situación económica, de manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes “sin detrimento de sus obligaciones de alimentos”
  4. Se demostrase la existencia de bienes, ingresos o derechos ocultos.

Si pasados cinco años no se ha revocado la exoneración de deudas, ésta pasaría a ser definitiva.

¿Hay más cambios legales?

Sí; el texto aprobado fija que cuando una persona física pide concurso de acreedores, el juez podrá decretar de forma inmediata la conclusión del concurso, en el mismo auto en el que lo abre, si aprecia de forma evidente la incapacidad del patrimonio del deudor para hacer frente a los créditos.

(cincodias.com)

REFORMA FISCAL 2015: SALARIOS

Salario

Los principales cambios que plantea la reforma fiscal son los que atañen al impuesto sobre la renta, que recauda el 42% del total de los ingresos impositivos y que afecta a unos 18 millones de contribuyentes: asalariados, pensionistas y autónomos.

EL GOBIERNO ha modificado los tramos que pagan los contribuyentes en función de su renta, que pasan de siete a cinco. El cambio viene acompañado de un descenso en los tipos para todos los tramos de renta.

LA BAJADA, no obstante, es desigual: como no cambia solo el tipo aplicable sino también los umbrales que definen cada tramo, es muy variable. No obstante, por lo general el IRPF baja más en las rentas bajas (por debajo de 20.000 euros) y muy altas (por encima de 120.000. Para las rentas medias, de 20.000 a 33.000 euros, no baja el tipo nominal, y entre 35.000 y 53.000 retrocede un 4,3%.

Los tramos aplicables en todo caso, son solo una parte del impuesto, pero no se aplica directamente sobre el salario o los ingresos del trabajador o autónomo. Además de reducciones o mínimos exentos por otros conceptos. De entrada, los primeros 5.550 euros percibidos por cada contribuyente están libres de impuestos, cifra que sube desde los 5.151 actuales.

Reducción de tramos y tipos

Además, también se modifican los mínimos exentos que se aplican a los asalariados (de los que no se benefician, por ejemplo, los autónomos). Actualmente todos los empleados tienen una reducción de 2.652 euros en la base imponible, que aumenta a 4.080 para sueldos inferiores a 9.180 euros. A partir de ahora este límite baja a 2.000 euros con carácter general que suben a 5.700 para rentas del trabajo menores de 11.450 euros.

Tramos de IRPF “Tipos del impuesto según base imponible”
De Hasta Tipos 2014 Tipos 2015 Tipos 2016 Rebaja
0 12450 24,75 20 19 23,2%
12450 17107 24,75 25 24 3,0%
20200 33007 30 31 30 0,0%
33007 35200 40 31 30 25,0%
35200 53407 40 39 37 7,5%
53407 60000 47 39 37 21,3%
60000 120000 47 47 45 4,3%
120000 175000 49 47 45 8,2%
175000 300000 51 47 45 11,8%
300000 52 47 45 13,5%

(cincodias.com)

El calendario laboral para 2015 recoge ocho fiestas nacionales, una menos que este año

IMPUESTOS CALENDARIO

  • El calendario laboral para 2015 recoge ocho fiestas nacionales, una menos que este año.

El calendario laboral para 2015 recoge un total de ocho fiestas nacionales comunes a todas las comunidades autónomas, una menos que en 2014, de las que sólo tres se celebrarán entre semana, según una resolución de la Dirección General de Empleo publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, el próximo año habrá siete días festivos nacionales “no sustituibles”: 1 de enero (jueves), 3 de abril (viernes), 1 de mayo (viernes), 15 de agosto (sábado), 12 de octubre (lunes), 8 de diciembre (martes) y 25 de diciembre (viernes).

A estos siete festivos “no sustituibles” hay que sumar otro más, el 6 de enero (martes), que será fiesta en todas las comunidades autónomas porque ninguna región ha ejercido su facultad de cambiar este festivo a otro día. Así, en total serán ocho los festivos comunes a toda España en 2015, uno menos que este año.

Las ocho fiestas nacionales de 2015 son el 1 de enero (Año Nuevo), el 6 de enero (Epifanía del Señor), el 3 de abril (Viernes Santo), el 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), el 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el 8 de diciembre (La Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Natividad del Señor).

En 2015 no se añaden como festivos nacionales el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos) y el 6 de diciembre (Día de la Constitución Española) por caer en domingo, si bien los dos lunes siguientes a estas dos fechas (2 de noviembre y 7 de diciembre) serán festivos en muchas comunidades, pero no en todas.

Así, el 2 de noviembre será fiesta en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Galicia, mientras que el 7 de diciembre será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y La Rioja.

En virtud de la facultad de los gobiernos regionales de cambiar determinadas fiestas, el 2 de abril (Jueves Santo) será festivo en todas las comunidades autónomas, salvo en Cataluña y Comunidad Valenciana, mientras que el 19 de marzo (San José) sólo será festivo en Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco. Por su parte, el 25 de julio (Santiago Apóstol) sólo será festivo en Galicia, Navarra y País Vasco.

Sin largos puentes

Hace un par de años surgió el debate sobre la necesidad de evitar los ‘macropuentes’ y el Gobierno, junto a los agentes sociales, se puso a trabajar en ello. La idea era la de acometer cambios legislativos para posibilitar la movilidad de determinados festivos, especialmente cuando caen entre semana. En 2014 no hizo falta porque el calendario laboral no se prestaba a muchos puentes. Este año tampoco.

Los tres días que se decidió que podrían ser susceptibles de modificación son el 15 de agosto (Asunción de la Virgen), 1 de noviembre (Día de Todos los Santos) y 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), que este año caen en fin de semana en los tres casos.

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La reforma fiscal que viene: guía rápida sobre pensiones, IRPF, IVA y otros cambios

 

REFORMA FISCAL 2014

 

Cuenta atrás, ahora ya sí, para la reforma fiscal. Esperada desde hace algunas semanas, parece será el el viernes 1 de agosto cuando se apruebe en Consejo de Ministros los distintos proyectos de ley que constituyen la reforma fiscal. Aunque se habían venido barajando fechas anteriores, el ministerio de Hacienda ha pospuesto la aprobación en espera de algunos informes y otros flecos pendientes.

Desde que se anunciara la reforma fiscal el pasado 20 de junio, el Ministerio ha celebra distintas reuniones con colectivos durante el trámite de información pública y ha modificado algunas de las propuestas iniciales. Este es un recordatorio de cómo quedarán los cambios:

– ¿Cuándo entrará en vigor?

La reforma fiscal se presentó oficialmente el pasado 20 de junio, se aprobará previsiblemente el viernes 1 de agosto y entrará en vigor el 1 de enero de 2015.

– ¿Cómo afectará a los tipos de IRPF?

Los actuales siete tramos del IRPF pasarán a cinco y el tipo mínimo bajará del 24,75% al 20% en 2015 y al 19% en 2016. El gravamen máximo del 52% bajará el próximo año al 47% y, el siguiente, al 45%. Además, se incrementarán los mínimos personales y familiares, es decir, la parte de renta exenta de tributación por considerarse que sirve para cubrir las necesidades básicas de los contribuyentes.

– ¿Y al IVA?

Se mantienen los tipos vigentes. Aunque por mandato de la Unión Europea se incrementa el impuesto para ciertos productos sanitarios, cuyo gravamen pasará del 10% al 21%.

– ¿Cómo cambian los tipos en el Impuesto de Sociedades?

La reforma fiscal que aprobará el Gobierno el próximo viernes contempla una rebaja del tipo general del impuesto que actualmente asciende al 30% y se sitúa entre los más elevados de la UE. El gravamen se reducirá hasta el 28% el próximo año y bajará al 25% en 2016. Las pymes aplicarán el mismo tipo, aunque tendrán incentivos particulares que les permitirán rebajar el tipo efectivo.

– ¿Tributarán las indeminizaciones por despido?

Una de las medidas que había despertado más polémica había sido que las indemnizaciones por despido tributen a partir de 2.000 euros por año trabajado. Sin embargo, tras varias reuniones con los agentes sociales, el ministerio de Hacienda ha decidido modificar el borrador inicial y hacer que solo tributen las indemnizaciones que superen los 180.000 euros.

– ¿Cómo cambia la tributación al ahorro?

Se reducen los gravámenes al ahorro para retornar a niveles de 2011. El tipo máximo pasa del 27% al 23% y el mínimo, del 21% al 19%.

Además, se crea un nuevo instrumento financiero conocido como planes de Ahorro 5. Los rendimientos que generen disfrutarán de la exención fiscal si la inversión se mantiene un mínimo de cinco años. El ahorrador podrá invertir hasta 5.000 euros al año, y el rendimiento que obtenga por este producto no tendrá que tributar como rentas del capital en el IRPF. La articulación se realizará bien a través de un seguro de vida indiviudal a largo plazo (SIALP), bien a través de una cuenta individual de ahorro a largo plazo (CIALP).

Además, tal y como acaba de anunciar el Gobierno, los mayores de 65 años no pagarán impuestos por las plusvalías en Bolsa, pisos y demás activos, siempre que dicha renta se periodifique y se destine a complementar la pensión. Queda por saber detalles de cómo se aplicará.

– ¿Y a las pensiones?

El mayor cambio destacable es la reducción del tope máximo de aportaciones que se puede realizar, de 10.000 euros anuales en general (y 12.500 euros para mayores de 50 años), bajará ahora a 8.000 euros.

– ¿Cómo cambiará la tributación de los dividendos?

El borrador presentado prevé la eliminación de la exención de los primeros 1.500 euros cobrados en dividendo. Así, el año que viene los inversores tendrán que tributar por el 100% de las cantidades percibidas en el año en concepto de dividendos

– ¿Cómo afectará a la autónomos?

Hay importantes cambios. Por un lado, se restringe el sistema de módulos, ya que se prevé vetar el acceso a este régimen para las compañías que facturen más de 150.000 euros o más de 75.000 en el caso de facturas que van dirigidas a otros empresarios. Muchos de los negocios que se excluyan de módulos pasarán a tributar en estimación directa.

Actualmente, con carácter general, los autónomos aplican un tipo del 21% en las facturas que emiten. Ese porcentaje está previsto que baje al 20% en 2015 y al 19% en 2016. hasta septiembre de 2012, la retención que sufrían los autónomos en el IRPFera del 15%, porcentaje que el actual Ejecutivo elevó hasta el 21%. Las organizaciones de autónomos reclaman que el porcentaje definitivo se quede en el 18%.

– ¿Cómo cambia la tributación en los casos de dación en pago?

Hasta ahora, un contribuyente que hubiera perdido su vivienda por impago registraba en términos fiscales una ganancia patrimonial. El pasado 4 de julio, el Ejecutivo aprobó un real decreto-ley que avanzaba algunas de las medidas contempladas en la reforma fiscal, y en él incluyó una exención tributaria en los supuestos de daciones en pago y ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

De esta forma, la plusvalía derivada de la dación en pago quedará totalmente exenta. Lo mismo sucederá si el beneficio procede de una ejecución hipotecaria. En cualquier caso, la exención se limita a la vivienda habitual y será aplicable siempre y cuando el contribuyente no disponga de otros bienes para afrontar el pago de la totalidad de la deuda.

 

(cincodias.com)