Los contratos de alquiler firmados hoy ya tendrán un plazo de siete años

El Ejecutivo publica en el BOE los cambios que elevan la duración de los contratos

piso alquiler

El Gobierno ha publicado en el BOE los cambios legales anunciados el pasado viernes sobre el mercado del alquiler. El más destacable es el aumento de la duración de los contratos, que pasa de un mínimo de tres años a cinco. Aunque dicha duración se puede pactar libremente, se prorroga automáticamente, a voluntad del inquilino, en plazos de un año hasta llegar al límite de cinco, que será de siete en caso de que el casero sea una sociedad.

Los contratos que se firmen mañana ya estarán sometidos a este nuevo plazo, puesto que es cuando la norma entra en vigor, según establece el BOE. El texto legal especifica también que los contratos anteriores a la entrada en vigor de la norma estarán sujetos al régimen jurídico previo, es decir, seguirán con contratos de tres años.

También se amplía el plazo de la prórroga tácita de uno a tres años; es decir, si 30 días antes del vencimiento del contrato ni casero ni inquilino ha notificado su intención de no renovar el alquiler, éste se da por prorrogado en tres años. El Gobierno limita además las fianzas a un máximo de dos mensualidades, y fija que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato corran a cargo del casero cuando éste sea una persona jurídica.

El texto legal también modifica el derecho de tanteo del inquilino en caso de una eventual venta de la vivienda. La normativa anterior elimina este derecho de tanteo en caso de venta en bloque de viviendas o, como especifica la normativa, “cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble ni tampoco cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador “.

La reforma mantiene esta condición, pero abre la puerta a que la legislación sobre vivienda establezca este derecho de tanteo “en favor del órgano que designe la administración competente en materia de vivienda”. Esto abre la puerta a que las administraciones establezcan límites a las grandes operaciones inmobiliarias de venta de viviendas con inquilino.

Respecto al alquiler turístico, el Gobierno lo saca de la LAU y pasa a ser regulado por la normativa de actividad turística de cada comunidad autónoma. Se modifica, igualmente, la ley de propiedad horizontal para que las comunidades de vecinos puedan limitar este tipo de alquileres por mayoría de tres quintas partes de los propietarios en vez de por unanimidad, tal y como se requería hasta ahora. También se prevé que se pueda exigir a los propietarios que realicen actividades turísticas una mayor aportación a los gastos de la comunidad, si bien con un límite máximo del 20% de la cuota.

Respecto a a normativa de propiedad horizontal se hacen dos leves modificaciones: una se aumenta el mínimo establecido de fondo de reserva, del 5% al 10% del presupuesto de la Comunidad, y se establece que las obras de accesibilidad en edificios serán obligatorias cuando las ayudas públicas cubran el 75% de los gastos.

El Ejecutivo modifica también la Ley de Enjuiciamiento Civil para ofrecer una mayor protección a los hogares vulnerables que atraviesen este tipo de situación. El juez deberá notificar a los servicios sociales el desahucio, y estos tendrán la obligación de remitirle un informe. En caso de percibir una situación de riesgo, se podrá paralizar el procedimiento durante un mes, si el casero es una persona física, o dos, en el caso de que se trate de una sociedad, mientras se busca una solución habitacional para los afectados.

(cincodias.com)

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WhatsApp no es un medio válido para comunicar cambios laborales

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La ‘app’ no reúne los requisitos de formales suficientes para informar de modificaciones en el empleo, según el juzgado

 

El uso generalizado de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en el ámbito del trabajo, no lo convierte en un medio válido para comunicar a los empleados modificaciones sustanciales de las condiciones laborales (horarios, turnos, etc.). Así lo establece una reciente sentencia de un juzgado de Oviedo (accede aquí al texto), que afirma que “por mucha libertad de forma que exista en este ámbito”, esta no es un “vía formal” de comunicación en las relaciones entre empresa y empleado.

El juzgado rechaza la petición de un trabajador de rescindir su contrato, después de que se le comunicara un cambio de turno a través de la app, porque, según sostiene, dicha conversación no supuso modificación sustancial de sus condiciones laborales. 

El empleado, un conductor-repartidor, alegó que su encargado le había preguntado por WhatsApp si iba a venir en otro turno para sustituir a un compañero en vacaciones, lo que consideró un cambio de horario impuesto. Por este motivo invocó su derecho a rescindir su contrato y a ser indemnizado.

Cómodo pero insuficiente

Tras valorar las pruebas presentadas, el juzgado niega que hubiera existido una modificación sustancial de las condiciones laborales del trabajador. En primer lugar, porque WhatsApp no es una vía de comunicación admisible para la modificación contractual.

A pesar de ser un medio ágil y cómodo, como reconoce la resolución, no reúne los requisitos formales mínimos para comunicar una decisión empresarial de tal calado. Y, además, faltan las dos notas caracterizadoras de la modificación contractual: no es sustancial, en tanto que la medida era temporal; y tampoco se había impuesto. Según constaba, el encargado preguntó por WhatsApp, “¿qué vas a hacer? ¿vas a ir de noche o de mañana?” y el empleado ni siquiera contestó.

Entre las razones que ofrece el juzgado para rechazar la existencia de una modificación contractual, se subraya el hecho de que la conversación se inició por el encargado de almacén y no la empresa. Para producir efectos jurídicos, la comunicación debe realizarla el empresario o persona autorizada.

(cincodias.com)

Las empresas pueden deducirse el 100% del IVA de la compra de vehículos para sus comerciales

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  • El Supremo corrige a Hacienda y aclara que el beneficio cubre a los asalariados y no solo a los autónomos
  • Las firmas podrán recuperar lo pagado desde 2014, unos 1.500 euros por vehículo

Tribunal Supremo acaba de enmendar la plana a la administración tributaria aclarando que las empresas pueden deducirse el 100% del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicado a la compra de vehículos para sus agentes comerciales. Hasta ahora, Hacienda venía aceptando solo deducciones sobre el 50% del impuesto alegando que el beneficio fiscal pleno estaba solo dirigido a estos trabajadores cuando fueran autónomos. El Supremo aclara que esta deducción es válida también para los agentes comerciales asalariados y abre la puerta a que miles de empresas recuperen esa otra parte del dinero pagado en los últimos años.

El reciente pronunciamiento del Supremo responde a un pulso abierto entre el grupo valenciano Choví, fabricante de alioli y otras salsas, con la administración tributaria, representada por el Abogado del Estado, en relación al IVA de la compra unos turismos en 2010 por parte de la empresa. La compañía trató de deducirse el 100% del impuesto alegando que se trataba de vehículos profesionales destinados a los desplazamientos de su personal comercial, a lo que la administración se negó, permitiendo solo un 50%, aduciendo que solo los agentes y representantes comerciales autónomos tienen el derecho a que el beneficio fiscal sea total, en virtud de la legislación vigente.

La Ley del IVA, en su artículo 95.3, establece que “las cuotas soportadas por la adquisición, importación arrendamiento o cesión de uso” de “vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50%”, excepto en el caso de “los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales”, así como los dedicados al transporte de mercancías, viajeros, enseñanza de la conducción, realización de pruebas o vigilancia, cuando “se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 100%”. Es decir, que la deducción por IVA podrá ser total en estos casos afectando al 21% del precio del vehículo en lugar del 10,5% habitual.

La administración sostenía, sin embargo, que la referencia a “desplazamientos profesionales” solo puede aplicarse a trabajadores por cuenta propia que sean profesionales de la actividad comercial, no a empleados de la propia empresa, lo que el Supremo rechaza ahora. El articulado de la Ley de IVA, expone el fallo, “no justifica la solución defendida por la administración, pues su texto gramatical no exige que los representantes o agentes comerciales a que se refiere actúen necesariamente como personal autónomo”. El tribunal considera que “el propósito del legislador ha sido aceptar la presunción de una afectación del 100% en los desplazamientos que conllevan las actividades comerciales y de representación” y “con independencia de que las mismas sean realizadas por personal autónomo o por trabajadores por cuenta ajena y, por ello, carece de justificación razonable esa diferenciación que ha sido establecida por la administración”.

A partir de ahí, la jurisprudencia del Supremo (ver despiece) aclara que en caso de que la Agencia Tributaria considere que el tiempo de afectación del vehículo a la actividad es inferior a la que presupone la ley, en este caso el 100%, y que por tanto la deducción debe ser inferior, será la administración quien deba probarlo. “Normalmente, Hacienda no se va a detener a tratar de acreditar que el vehículo se utiliza para la actividad en un porcentaje menor al previsto en la ley, ya que es prácticamente imposible determinar el grado de afectación procedente”, expone José María Salcedo.

El fallo, aduce Salcedo, clarifica las reglas del juego tributario de aquí en adelante y abre la puerta a que las compañías que no disfrutaran de la deducción completa sobre el IVA de la compra de vehículos para agentes comerciales lo hagan ahora. “Para ello, no es necesario solicitar la rectificación de la autoliquidación de IVA presentada en su día, sino incluirlo directamente en la próxima declaración trimestral o mensual del impuesto”, ilustra, advirtiendo que esto solo es posible si han trascurrido menos de cuatro años desde la compra.

Según la Agencia Tributaria, el precio medio de venta de un vehículo ronda hoy los 17.200 euros, con lo que la deducción del 100% del IVA equivale a casi 3.000 euros (y el 50% a uno 1.500).

 

¿En qué casos es solo el 50%?

El caso general. Aunque el artículo 95,3 de la Ley del IVA establece una serie de excepciones en las que la deducción del tributo puede ser del 100% (coches de autoescuela, de pruebas de agentes comerciales, transportistas de mercancías o viajeros y vigilantes), la norma general es que empresarios y autónomos podrán deducirse el 50% del impuesto que pagan por la compra de vehículos con fines profesionales. A partir de ahí, el Tribunal Supremo ha aclarado sobre quién pesa la carga de la prueba a la hora de poder incrementar o rebajar este porcentaje, que puede variar en función del tiempo efectivo que el vehículo se utilice para la actividad profesional o personal. En concreto, según la jurisprudencia del tribunal, será la administración tributaria quien deba demostrar que el uso laboral del coche es residual si quiere rebajar la deducción del IVA por debajo del 50%, lo que en la práctica nunca ocurre. Por contra, si autónomo busca conseguir una deducción mayor deberá probar que más de la mitad del tiempo de conducción está relacionado con su negocio, lo que el Supremo apostilla que debe poder justificar sin que Hacienda le pida complejas comprobaciones.

 

(cincodias.es)

El TJUE exime a las embarazadas de trabajar en horario nocturno si existe riesgo para su salud

  • Las mujeres gestantes o lactantes no pueden ser obligadas a trabajar de noche aunque solo lo hagan por forma parcial
  • El tribunal establece que será la empresa quien deba demostrar que no existe peligro en el desempeño del cargo
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El  Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado este martes la razón a una empleada de una empresa de seguridad española a la que se le negó la suspensión de su contrato y el derecho a una prestación por lactancia por trabajar parcialmente en horario nocturno.

El fallo responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justica de Galicia. El TJUE recuerda que existe una directiva europea que protege a las empleadas embarazadas o lactantes, para no verse obligadas a trabajar en horario nocturno, si éste implica un riesgo para su seguridad o salud y la de sus hijos, y matiza que dicha regulación debe extenderse también a aquellas mujeres que trabajen solo parcialmente en horario de noche.

La justicia europea establece igualmente que Prosegur, la empresa de seguridad demandada, podría haber incurrido en “discriminación directa por razón de sexo”, ya que se negó a realizar “un examen específico que tuviera en cuenta la situación individual” de la empleada. Ante estos casos, el tribunal con sede en Luxemburgo ha dictaminado que debe invertirse la carga de la prueba para que sea el demandado (y no la demandante) el encargado de probar que dicho trabajo no supone un riesgo para la madre o el recién nacido.

La sentencia del TJUE ha seguido punto por punto las conclusiones emitidas a finales de abril por Elena Sharpston, abogada general de la Corte, y corresponderá ahora al Tribunal Superior gallego dictar sentencia en base a la doctrina que ha sentado la justicia europea, quien ya dictó en octubre del año pasado una sentencia similar (asunto C-531/15, Otero Ramos), a la formulada este miércoles.

El caso que ha llegado hasta las instancias comunitarias se remonta a marzo de 2015, cuando la empleada de seguridad, que había dado a luz cuatro meses antes, solicitó a Prosegur una suspensión de su contrato y la concesión de una prestación por lactancia. La mujer trabajaba en el centro comercial As Termas de Lugo en turnos rotatorios de ocho horas, de los cuales parte se realizaban de madrugada.

La demandante había obtenido de una pediatra un certificado médico que acreditaba que su puesto de trabajo nocturno presentaba un riesgo para la alimentación por lactancia natural de su hijo. Un extremo que está previsto en la ley española de riesgos laborales en su artículo 26. A pesar de ello, Umivale, la mutua privada de Prosegur, le denegó la prestación al entender que no existía riesgo, razón por la que la afectada presentó una reclamación que le fue igualmente denegada.

Eso motivó que interpusiera una demanda contra su empleador ante el Juzgado de lo Social número 3 de Lugo, que desestimó la causa. Recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que ante la duda de cómo interpretar las directivas europeas sobre seguridad y salud de las trabajadores embarazadas y la relativa a la de inversión de carga de la prueba en situaciones de discriminación por razón de sexo, decidió plantear una cuestión prejudicial al TJUE.

(cincodias.com)

Los nuevos autónomos de municipios inferiores a 5.000 habitantes pagarán la tarifa plana durante 2 años

Esta norma, que entró en vigor el 1 de agosto, beneficiará a los trabajadores por cuenta propia que se hayan dado de alta después de esta fecha, ya que no es una medida retroactiva, según ha recordado ATA en un comunicado.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 recogían esta modificación de la tarifa plana por la que se amplía la bonificación a dos años para los beneficiarios que inicien una actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, esta ayuda fomentará el relevo generacional y ayudará a paliar la despoblación de las zonas rurales.

En la actualidad, uno de cada cinco autónomos que se da de alta lo hace en el ámbito rural. “Hay muchos sectores que están sufriendo en los últimos años en el ámbito rural como es el comercio y con esta medida esperamos que remonte y se produzcan menos cierres y más relevos”, ha resaltado Amor.

En concreto, se podrán beneficiar de la tarifa plana los trabajadores por cuenta propia que causen alta inicial y que no hubieran estado en situación de alta en los dos últimos años.

Los beneficiaros de esta medida contarán con los mismos incentivos tanto en el primer año como en el siguiente. Así, para beneficiarse de esta medida, los autónomos deberán estar empadronados en un municipio de menos de 5.000 habitantes.

Además, deberán estar dados de alta en el censo de obligados tributarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o de las Haciendas Forales, correspondiendo el lugar de desarrollo de la actividad declarada a un municipio cuyo padrón sea inferior a 5.000 habitantes.

También será obligatorio mantener el alta en la actividad autónoma o por cuenta propia en el municipio en los dos años siguientes al alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y permanecer empadronado en el mismo municipio en los cuatro años siguientes a dicha alta.

La Seguridad Social confirma el uso de Big Data para detectar autónomos ficticios

La Tesorería General de la Seguridad Social ya aplica el Big Data en sus procesos de gestión. En concreto, el uso de esta avanzada tecnología le está sirviendo para detectar y luchar contra el fraude e identificar a los autónomos ficticios.

BIGDATA

A través de este sistema, la Seguridad Social monitoriza los datos de 1,5 millones de empresas y 18,6 millones de trabajadores en activo. Mensualmente se procesan más de 7.000 millones de registros, suponiendo un movimiento de información de 3.000 Gb.

El Plan integral de lucha contra el fraude que ha implantado la Tesorería General de la Seguridad Social le está permitiendo aprovechar el valor de los datos acumulados para establecer controles en materia de afiliación, cotización y recaudación del Sistema.

Alertas que detectan el fraude

Para llevar a cabo el plan, la Seguridad Social está utilizando indicadores y alertas de riesgos facilitan la detección, corrección o prevención de estos casos con una rapidez y eficacia mucho más avanzada y que, además, les ofrecen una valiosa información para atacar el fraude de una manera conjunta.

Uno de los principales sistemas empleados consiste en detectar empresas ficticias. Se trata de localizar compañías sin actividad real, empleados ficticios en empresas con actividad y autónomos ficticios. En esta actuación se han analizado 12.170 millones de empresas hasta diciembre de 2017 y se han identificado a 104.347 trabajadores afectados.

Por otro lado, se han implantado indicadores para detectar conductas delictivas, provocando la actuación sobre 2.432 empresas las cuales han desembocado en actuaciones judiciales por presunto delito a la Seguridad Social en 613 de ellas, (un 30% de índice de acción judicial), con un total de importes regularizados que asciende a 36.499.781 euros.

Casos con riesgo

Aparte de eso se ha aplicado un modelo predictivo con 300 variables. Éste ha sido capaz de detectar los casos con elevada posibilidad de incumplimiento. Asimismo, ha identificado casos con riesgo de entrar en un procedimiento concursal en los próximos 6 meses, mejorando en un 200% la identificación a priori de estas situaciones.

(CINCODIAS.COM)

Las altas de mujeres en autónomos superan a las de los hombres en 2018

mujer autónoma

  • Las altas de autónomas han crecido el doble de rápido que las de los hombres, en los tres primeros meses del año.

El primer trimestre del año ha dejado cifras que reflejan un cambio de tendencia en el panorama actual de los autónomos. Si bien 2017 cerró con un descenso tanto en hombres como en mujeres, el arranque de 2018 señala un incremento generalizado, más acentuado en mujeres.

En concreto, el ascenso en el número de nuevas profesionales por cuenta propia ha sido de un 1,6%, que en datos absolutos se traduce en 10.825 personas. Este aumento ha duplicado el de los varones, que no obstante siguen representando el 64,9% del total de autónomos. Las mujeres han pasado de representar el 34,6% a finales de 2017 a representar el 35,1% en marzo de 2018.

Casi 20.000 nuevas altas

Así las cosas, el primer trimestre de 2018 ha sumado 19.509 nuevos autónomos, de los cuales el 55,5% se corresponde con mujeres, según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos.

En lo relativo a la edad, cabe señalar que el incremento de nuevos profesionales adheridos al RETA se ha producido en todas las franjas, aunque el mayor ascenso se ha producido en los menores de 25 años. Esta franja ha crecido un 5,1%.

No obstante, los menores de 25 siguen por debajo del resto de franjas en términos absolutos, representando actualmente solo el 1,9% Del pastel de autónomos persona física.

La segunda franja que más ha crecido ha sido la siguiente en edad, la que va desde los 25 a los 39 años. En concreto, el ascenso ha sido del 1,1%, que supone 5.814 nuevos autónomos.

Actualmente, cuatro de cada diez profesionales por cuenta propia tienen entre 40 y 54 años, franja que ha sumado 7.325 nuevos efectivos en tan solo tres meses, lo que se traduce en más del 70% de las nuevas altas.

En último lugar, desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos se destaca que el 5,3% de los autónomos persona física compagina su actividad por otra por cuenta ajena. “Además, el número de familiares colaboradores en alta en la Seguridad Social asciende a los 195.521 personas y suma en tres meses un 0,1% (282 autónomos más)”, concluye el informe.

(cincodias.com)